La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado conceptuó que para que la isla de San Andrés pueda hacer aprovechamiento real y disposición final de los residuos sólidos del relleno sanitario es necesario realizar un proceso licitatorio que permita escoger la entidad que lo hará.
El concepto se emitió el pasado 4 de febrero ante una consulta formulada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, acerca de que pasos se deben seguir para lograr que entre en funcionamiento la planta generadora de energía por combustión de residuos sólidos (RSU) ubicada en el relleno sanitario de San Andrés.
Según el alto tribunal, la Ordenanza de la Asamblea Departamental autorizaba al Gobernador a entregar los terrenos del relleno sanitario ‘Magic Garden’, con el objeto de que el operador los usara para prestar el servicio de disposición final de residuos sólidos y se encargara de la operación del relleno sanitario por un término de 20 años.
Sin embargo, la autorización no incluía actividades complementarias del servicio público de aseo, como la generación de energía con dichos mismos residuos.
Así mismo, el contrato suscrito con el concesionario Sopesa S.A. ESP para la prestación exclusiva del servicio de energía eléctrica no incluía la posibilidad de que esta entidad efectuara el aprovechamiento de residuos sólidos urbanos para la generación de energía.
Tal disposición se hizo en adiciones del contrato, que no respetaron los requisitos establecidos de contratación estatal, por tanto, no son vinculantes.
La Sala explicó que aunque existe un contrato de concesión para entregar tal contrato a Sopesa S.A., este no obliga al Departamento, pues los documentos que comprenden las manifestaciones de las partes para el aprovechamiento de residuos sólidos “no configuran un contrato estatal, pues omitieron los requisitos o formalidades que las leyes exigen para su existencia, como es la celebración de un contrato escrito en el que conste el objeto y la contraprestación y la realización de un proceso de licitación pública por parte de la entidad territorial para que la empresa de servicios públicos asuma la prestación correspondiente”, concluyó el alto tribunal.
Así las cosas, a casi seis años de otorgado el contrato respectivo por el Ministerio de Minas y Energía y con el montaje improductivo de la planta de generación por combustión de RSU (conocida popularmente como el ‘Elefante Blanco’), que le costó a la Nación aproximadamente 38 mil millones de pesos; la situación del ‘Magic Garden’ oficializa el retorno estéril a su punto de partida.
Como quien dice: 'vuelve y juega'.
