El Gobierno colombiano ya tiene en sus manos los informes que estaba esperando para determinar las salidas jurídicas frente al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), que el 19 de noviembre de 2012 determinó que 75.000 kilómetros cuadrados de mar Caribe ya no eran colombianos y pasaban a estar bajo soberanía nicaragüense (Tomado de El Espectador).
El Espectador conoció que tras meses de intensos análisis en busca de las salidas jurídicas al fallo, tanto los abogados internacionales de la firma británica Volterra Fietta, como el grupo asesor colombiano coinciden en un punto. Para solicitar el recurso de revisión o interpretación del fallo, Colombia podría argumentar que la sentencia de la Corte no reconoció el área correspondiente a la reserva de biosfera Seaflower y la puso en peligro.
Esta zona de 349.000 kilómetros, declarada en el año 2000 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es el hábitat de más de 400 especies de peces, de ecosistemas interconectados y uno de los sistemas productivos más extensos a nivel oceánico en el Caribe. Con esa declaratoria de la ONU, Colombia asumió el control y manejo ambiental de Seaflower frente a la comunidad internacional. Sin embargo, tras la sentencia, Colombia perdió el 54% de la zona y existe un alto riesgo de que Nicaragua empiece a hacer exploraciones para extraer petróleo y recursos naturales del subsuelo, especialmente de los 65.000 kilómetros cuadrados que fueron declarados en 2005 como área marina protegida por su riqueza natural.
La Fundación Dos Océanos adelanta una cruzada para evitar que Nicaragua desarrolle actividades petroleras en la reserva. Sin embargo, reportes de prensa señalan que desde 2006 el gobierno nicaragüense adelanta planes de exploración en esa zona del archipiélago de San Andrés, cuando el Instituto Nicaragüense de Energía aprobó la exploración y la explotación de petróleo a manos de MKJ Exploraciones Internacionales y la compañía Infinity Energy, empresas norteamericanas. Desde entonces, varias ONG han alertado sobre el riesgo en el que está este patrimonio mundial. Tras el fallo, las alertas aumentaron.
El 22 de noviembre de 2012, el Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe Colombiano le pidió a la Organización de Naciones Unidas que abogara por la conservación de la reserva de biosfera, pues “las poblaciones del archipiélago de San Andrés y Providencia que generan su sustento, su vida, su economía de la reserva de biosfera, se verían afectados en gran medida por las actividades de exploración y explotación de petróleo y las consecuencias que se derivan de éstas, generando impactos irreversibles sobre los ecosistemas”.
Durante un encuentro en diciembre de 2012, entre los presidentes Juan Manuel Santos y Daniel Ortega, este último aseguró que no explotará Seaflower. “Una de las grandes preocupaciones del presidente Santos es que Nicaragua entregue concesiones petroleras en la zona. Les digo que no lo estamos haciendo. De eso pueden estar seguros en el mundo y puede estar seguro el pueblo colombiano”, dijo el mandatario. Pero el ministro nicaragüense de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, reveló días después que la empresa española “Repsol, entre otras, ha mostrado interés en realizar exploraciones de yacimientos petrolíferos en el mar Caribe, aunque aún no está definida el área de interés para ellos”.
No es el único riesgo que se cierne sobre Seaflower. La confirmación que hizo Ortega de la intención de su país de construir un canal interoceánico le augura un oscuro panorama a la reserva. El pasado 19 de mayo el presidente nicaragüense no sólo confirmó que su país va a construir un canal que une los océanos Atlántico con el Pacífico, sino que es una empresa china la que realizaría la megaobra. “La empresa china sugirió usar el caudal del Cocibolca, tras efectuar vuelos aéreos para evaluar eventuales rutas para hacer el canal y determinó que la vía del canal interoceánico tendría que pasar lógicamente por el Gran Lago Cocibolca, ubicado sobre una extensión de 8.157 kilómetros cuadrados, frente al océano Pacífico sur de Nicaragua”, explicó Ortega. Se refería a la empresa HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Ltd., establecida en Hong Kong, y con la que el Ejecutivo nicaragüense firmó un memorando de entendimiento en septiembre de 2012.
Según expertos consultados por El Espectador, la construcción del canal sería la estocada final para Seaflower, que podría desaparecer en cuestión de años, lo que hace urgente que la Corte tenga en cuenta este hecho “nuevo” que no consideró al emitir la sentencia.
El subdirector de mares y costas de la corporación ambiental Coralina, Erick Castro, aseguró que las amenazas sobre los arrecifes coralinos cercanos al archipiélago de San Andrés van a multiplicarse con el canal. “En este momento el archipiélago es una de las zonas con mayor tráfico marítimo del mundo. Nos encontramos sobre la mayor área de influencia del canal de Panamá, así que los buques se han convertido en un problema, sobre todo en el sistema coralino de Quitasueño, donde frecuentemente terminan encallados. Hemos adelantado gestiones con las autoridades marítimas para que los barcos no pasen tan cerca de los corales, pero el riesgo es inminente y si se construye un segundo canal más grande, los buques no sólo transitarían sino que se establecerían zonas de permanencia (fondeo) donde podrían ocurrir accidentes: vertimientos de petróleo o de aguas de lastre (utilizadas en navegación marítima para procurar la estabilidad de un buque) que pueden venir de otros océanos cargadas de nuevas especies que podrían ser nocivas para nuestros ecosistemas. No tenemos mecanismos para atender estos imprevistos”.
Así, el Gobierno colombiano, además de considerar la tesis de la excanciller Noemí Sanín y el abogado Miguel Ceballos sobre la influencia china en la decisión de la Corte por su interés económico y geoestratégico en la construcción del canal en un supuesto tráfico de influencias, también estaría evaluando cómo incluir esta amenaza ecológica sobre la reserva y todo el archipiélago de San Andrés.
El canal interoceánico, que costará más de US$40.000 millones, además de abrir un paso entre el Atlántico y el Pacífico, requerirá la construcción de puertos, un ferrocarril, un oleoducto y pistas aéreas. Nicaragua ha dicho que las obras harán hincapié en el cuidado de los recursos naturales, ya que de éstos dependerá la producción de las cantidades de agua necesarias para el funcionamiento del canal. También han previsto reparar los daños ambientales ocasionados por las excavaciones y el objetivo explícito de recuperar la vegetación nativa, los caudales de agua y la biodiversidad.
Según el borrador de construcción del proyecto, el interoceánico no competirá con el de Panamá, pues por el de Nicaragua pasarían los barcos de mayor calado, esos que por su tamaño no pueden hacerlo por el Canal de Panamá. Se refiere a los megaships, los barcos más grandes que está construyendo la industria naviera y que tienen capacidad para transportar más de 2.000 contenedores. Según el experto británico en medio ambiente, Fred Pearce, 16 barcos de estos generan más contaminación que todos los carros del mundo.
Nicaragua también contempla recibir barcos petroleros, tanto de crudo como de refinado, pues este sigue siendo el producto más importante que se transporta por la vía marítima. Dichos barcos, explican expertos en un artículo publicado en el periódico inglés Daily Mail, además de altos niveles de contaminación, dejan una estela de sulfuro a su paso, un elemento altamente contaminante y peligroso para la vida marina. “Estarían llegando olas de sulfuro a San Andrés que la desaparecerían, pues se acabarían la pesca y el turismo”, alerta una fuente consultada por El Espectador, quien también explica que esos barcos se quedarían por días en el mar Caribe causando graves daños al ecosistema.
El proyecto señala que para el año 2019 el canal tendría capacidad para captar 416 millones de toneladas métricas, lo que representaría el 3,9 % de la carga marítima mundial, mientras que para 2025 el canal podría recibir 573 millones de toneladas métricas, es decir, un 4,5% de la carga marítima mundial, agrega el informe. Además de China, Venezuela, Brasil, China, Japón, Corea del Sur y Rusia estarían interesados en financiar la obra, de tal magnitud (casi seis veces lo que está costando la ampliación del Canal de Panamá ahora) que, según Ortega, ”representa un gran peso para el desarrollo económico de su país, además de su capacidad para atraer inversiones y generar empleos en numerosas comunidades nicaragüenses”.
La idea de construir una vía interoceánica surgió en 1890, cuando se realizaron grandes esfuerzos por abrir un canal por Nicaragua a través del río San Juan, cruzando el Gran Lago Cocibolca y llegando al Pacífico, a lo que se opuso el Reino Unido por diferencias con Estados Unidos. Por esa razón, la pregunta en la que insiste Ricardo Abello, profesor de Derecho Internacional Público y director del Anuario Colombiano de Derecho Internacional, es dónde está el hecho nuevo que exige la Corte. “Si bien el argumento es válido, estamos partiendo de que Nicaragua va a destruir todo. La Unesco es la que tiene que exigir el cuidado de Seaflower, y dos, no creo que esto vaya a modificar en nada el fallo”, explica. Y se vuelve a preguntar, “¿estos hechos habrían influido en la decisión de la Corte? De otra manera no es un hecho nuevo”.
Y mientras el Gobierno estudia las salidas, ¿qué pasa en La Haya? Luego de que Julio Londoño dejara de fungir como agente ante la Corte Internacional de Justicia de este caso, Colombia no ha inscrito a nadie más, por lo que es el embajador Eduardo Pizarro quien esté al frente. El gobierno de Nicaragua, por su parte, sigue moviéndose como pez en el agua con su embajador, Carlos Argüello, el cerebro de toda la estrategia frente a Colombia y quien lleva más de 30 años defendiendo a su país ante la CIJ.
“Colombia parece estar viviendo la misma ceguera que antecedió la pérdida del Canal de Panamá”, le dijo a El Espectador un abogado cercano al caso. Esta semana, anticipan fuentes cercanas al proceso, se anunciará el retiro total e inmediato del Pacto de Bogotá y se evaluará el paso a seguir para bloquear la estrategia escalonada de la nación centroamericana para seguir reclamando mar.
