En este momento histórico para los sanandresanos, en que el Estado colombiano gira su atención hacia el archipiélago, la gobernadora Aury Guerrero, se pronunció en su discurso en la sesión del Congreso este martes 27 de noviembre, pidiendo que el “Plan San Andrés, sea una realidad sin tener que acatar el fallo”.
En este sentido se centraron las intervenciones de cada uno de los representantes del Gobierno local y diputados, frente a una mayoría de congresistas quienes suscribieron el ‘Manifiesto San Andrés Providencia y Santa Catalina’ en donde la principal posición asentada es el rechazo del fallo de la Corte Internacional de Justicia en la Haya.
A la reunión también acudieron ministros, funcionarios del gobierno nacional y de las altas cortes
La Cámara de Representantes apoya así al jefe de Estado, Juan Manuel Santos, a rechazar el fallo de la Corte Internacional de la Haya, producido el pasado 19 de noviembre.
Plan de choque
Pero frente a las alternativas del plan de choque que se prepara, la gobernadora manifestó: “…No estamos intercambiando lo que perdimos, por lo que por derecho nos toca. El desarrollo del pueblo es nuestra responsabilidad como ejecutivos, como legislativos. Es nuestra responsabilidad el desarrollo del territorio colombiano, con plan San Andrés, o con plan archipiélago o sin él, nos compete a todos”.
Una serie de inequidades de frente al fallo fueron enumerándose durante la plenaria, siendo las más sensible, la situación de los 1.125 pescadores artesanales agrupados en cooperativas que se quedan sin el sustento que obtenían de ejercer su práctica ancestral. También la suerte de dos compañías pesqueras de mayor envergadura.
Pero contrario a lo que se filtra desde las islas por la prensa nacional –que indaga reiterada y prioritariamente por la idea de un conflicto bélico– las consecuencias del fallo también acarrearán un negativo impacto ambiental, como el pronosticado desde el año 2010 cuando los navíos nicaragüenses adelantaban ejercicios de sísmica para la búsqueda de hidrocarburos en la zona que ahora gozan.
Ante esta situación, el diputado Frank Escalona en su intervención denunció que “…el de los pescadores es el impacto mediático del fallo, pero aquí el problema es mucho más grave… el archipiélago como una unidad es un ecosistema de un equilibrio sumamente frágil y por eso fuimos declarados reserva mundial de la biósfera, por eso las instituciones del estado y los propios pescadores establecieron vedas para poder mantener y preservar los recursos naturales que están en esos bancos y que no están en los cayos que nos dejaron”.
¿Se acatará o no el fallo?
Y aun cuando los mecanismos jurídicos no están diseñados para oponerse al fallo de la Corte y pareciera que el Gobierno Nacional, dilatará un poco más el estudio de esa medida al no encontrar un norte viable; el Ministro de Interior Fernando Carillo expresó: “Yo creo que el tema aquí de acatar o desacatar es un falso dilema, aquí el punto es cuales son las condiciones para ejecutar el fallo y eventualmente para cumplirlas, porque las condiciones son bastante difíciles”.
Sin embargo, en el Manifiesto de la Cámara, los congresistas sustentan el desacato al fallo debido a como lo mencionan: “El citado fallo es incongruente, inconsistente y antijurídico, adolece de innumerables fallas que impiden su aplicación y acatamiento”.
Así las cosas, está en estudio el retiro de Colombia del Tratado de Solución Pacífica de Controversia o ‘Pacto de Bogotá’, suscrito en 1948, mientras los isleños esperan la declaratoria de estado de Emergencia Económica, para afrontar las consecuencias que tendrá en la población el fallo de la Corte de La Haya.
