El análisis de la situación de los sectores Agrario y Ambiental del país fue abordado por la Procuraduría General de la Nación durante el reciente encuentro anual de procuradores judiciales ambientales y agrarios, evento que sirvió como marco para reiterar el llamado de este organismo de control a que se construya un instrumento de política pública que atienda las problemáticas que enfrenta el archipiélago de San Andrés.
El pronunciamiento hacía énfasis en la necesidad de darle relevancia debida a la declaratoria de Reserva de Biósfera Seaflower que él ostenta por reconocimiento de la Unesco desde el año 2000.
Al encuentro, que fue presidido por el procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Óscar Darío Amaya Navas, y contó con la asistencia de 40 funcionarios de la Delegada, asistió la gobernadora de San Andrés, Aury Guerrero Bowie; las directoras saliente y entrante Coralina, Elizabeth Taylor Jay y Opal Bent Zapata, quienes reconocieron la importancia del dictamne de la Procuraduría al llamar la atención porque la condición de “Reserva de Biósfera” del archipiélago está seriamente amenazada en sus componentes sociales, económicos y ambientales.
El Ministerio Público había señalado que aunque la declaratoria de “Reserva de BiósferaSeaflower” implica la reconsideración del modelo de desarrollo vigente, las formas de ocupación del suelo y el aprovechamiento de los recursos del archipiélago, se han evidenciado serios problemas en el modelo de gestión de residuos especiales y hospitalarios; la carencia de una cobertura adecuada del acueducto; sobrexplotación pesquera; construcciones ilegales en las zonas costeras; ausencia de una estrategia de recuperación de zonas sensibles como manglares, bosques y humedales; presencia de embarcaciones con problemas judiciales y/o mecánicos en la bahía, entre otras circunstancias que deterioran progresivamente la riqueza ambiental de San Andrés.
Se espera una respuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible frente a los planteamientos que en su oportunidad fueron presentados por la Procuraduría General de la Nación.
