Por unanimidad, los integrantes de la Asamblea Departamental, durante sesión plenaria acogieron una propuesta del diputado del Partido Verde, Bradison Fernández Bryan, en la que se solicita al Gobierno Departamental, declarar al archipiélago en ‘alerta roja’ por sobre población.
Lo anterior debido a la constante presión migratoria y la notoria concentración humana en la zona urbana de la capital insular.
El proponente, explicó que una de las motivaciones es el constante desplazamiento hacia las islas y las consecuencias de esa situación para la población nativa.
Tal situación dijo “Ha causado un proceso de presión cultural y ecológica que ha conllevado una transformación de los valores tradicionales de la población”.
En su exposición ante la plenaria, el diputado enfatizó en el impacto al medio ambiente, al reseñar como la expansión de los asentamientos humanos, ha llegado más allá de las zonas rurales e, incluso, a zonas declaradas en alto riesgo, con clara afectación directa a los ecosistemas.
De la proposición acogida por la corporación se desprende además, una solicitud al gobernador Ronald Housni Jaller, para qué, se adelante un estudio de capacidad de carga poblacional, de la mano de la implementación de políticas públicas que aborden la problemática poblacional de manera integral.
Acciones de expulsión
Durante la sesión plenaria en la que Fernández Bryan, pidió del gobierno local acciones de fondo para atender el problema de la sobrepoblación y también hizo referencia a la necesidad de poner en práctica mecanismo que existen en las normas de control migratorio (decreto ley 2762 de 1991).
“Es hora ya, que las autoridades locales revisen los casos de delincuencia; de reincidencia y de congestión carcelaria y apliquen lo que está normado en cuanto a la convivencia en la región insular. Atracadores, ladrones y demás, que sean reincidentes, pueden y deben ser expulsados a sus lugares de origen”.
Fernández, también se refirió a la generación de empleo en las islas al sentenciar que, desde la administración departamental se debe verificar que las plazas laborales en entidades públicas y privadas, sean para las personas de aquí, y no sean privilegiadas a personas no residentes en el archipiélago.
