Varios sectores económicos manifestaron su preocupación ante el contexto actual del puerto ubicado en Cartagena, desde el cual llega casi todo el suministro de mercancías (incluyendo el gas) a San Andrés y que actualmente cuenta con una orden de desalojo, situación que podría tener una incidencia directa en el abastecimiento local. EL ISLEÑO dialogó con algunos representantes gremiales para conocer su percepción al respecto._(Foto archivo)

Cámara de Comercio

Su presidenta ejecutiva, Jennifer Yepes, comentó que se trata de una situación particular que se viene presentando, desde el año pasado, con el puerto de Cartagena, el mismo que representa más del 80% de la operación logística en el Departamento Archipiélago.

En palabras de la dirigente gremial, no sólo se trata del transporte de alimentos, sino que este punto es el encargado de movilizar también el gas propano que se suministra a las islas, dado que no se cuenta con un servicio de gas natural que llegue directamente a las casas o a los locales comerciales.

Del mismo modo, hacen tránsito por este lugar las mercancías de construcción y de las ferreterías, indispensables para la ejecución de proyectos de urbanismo e intervenciones que se realizan en las islas, tanto a nivel gubernamental como ciudadano.

"Es muy preocupante para la comunidad y para los empresarios que hacemos la operación logística desde allá. Yo pienso que si bien hay una situación particular, debe garantizarse de alguna manera una transición y que las operaciones no se vean afectadas", explicó Yepes.

Igualmente, sostuvo que existen dos escenarios para el Archipiélago: que no se paralice la logística y con ello el flujo de productos hacia él; y por otra parte, que todo falle, que se realice el desalojo y que las islas sufran de desabastecimiento.

"Se trató por todos los medios de que se disminuyera el porcentaje de daño y aún así tuvimos dos días de retraso en la llegada de la mercancía; por más que se paralizó la operación una jornada, eso causó afectaciones. La invitación nuestra, como Cámara de Comercio, es que se garantice la operación logística y que haya un empalme o un plan, para que no vaya a repercutir negativamente en el departamento", agregó.

Empresarios

Por su parte, Víctor Henao, gerente del Grupo Litoral, dijo que desde el punto de vista de los comerciantes es muy grave la situación, porque no es solamente la propiedad, sino también el desalojo de un operador que tiene toda una infraestructura que se pone al servicio del abastecimiento de las islas, garantizando el mismo.

“San Andrés tiene unas complejidades logísticas y sobrecostos, por lo que conviene cuestionarse por qué otras empresas de transporte marítimo, mercantes o de cabotaje, no hacen presencia en el departamento; y una de las explicaciones son los costos, volúmenes y la falta de carga de compensación", explicó el empresario.

Y recalcó que el mismo Gobierno nacional, por intermedio de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), le haría un daño a la isla con esta decisión porque –en sus palabras– hoy no tenemos otro reemplazo logístico que tenga la capacidad o conocimiento para prestar ese servicio.

“Esto sería un problema social que afectaría a toda la comunidad, residentes y turistas. Seguramente dentro de las instancias de la ley debe existir una figura, más allá de un fallo, que permita que se respete ese derecho a los ciudadanos isleños de tener este medio de transporte para subsistencia. De eso estamos hablando", indicó Henao.

Por último, Rodrigo Echavarría, gerente de Echavarría y Compañía, empresa del sector de la Construcción, expresó que: "A cualquiera le puede preocupar porque es una incertidumbre, un estancamiento de las operaciones, lo que nos produce un gran temor. Estamos preocupados porque si se llega a parar el puerto, nos veríamos muy afectados debido a que este es una entrada vital y se trata de un servicio único. Para mí, la isla depende del muelle", acotó.