Con el acercamiento a Corn Island ganamos todos

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HAROL.BUSH2Colombia permite que gobernadores fronterizos impulsen la cooperación con países vecinos, pero categóricamente prohíbe que los de San Andrés hagan lo mismo con nuestros hermanos en Nicaragua (Artículo 53, Ley 191 de 1995). Esta prohibición debería ser derogada porque nos discrimina y porque atenta contra los intereses de todos los isleños y del país.

Nos califica como ciudadanos de ‘segunda clase’ sin derecho a disfrutar de beneficios que aporta la cooperación fronteriza y por lo tanto atenta contra nuestros derechos humanos. Nicaragua ya acepta que nuestras islas son colombianas así que las circunstancias detrás de la prohibición ya no existen.

La prohibición además obstaculiza una posible fórmula de solución desde las islas al diferendo de 40 años por vía de acercamientos mutuos, o por lo menos fuerza a que todo sea supeditado a las prioridades de Bogotá que no siempre tienen en cuenta los intereses y opiniones de las islas.

El ‘poder blando’ de San Andrés

Así las cosas, por múltiples conveniencias, bien valdría resucitar la estrategia del expresidente Juan Manuel Santos y su canciller María Ángela Holguín en el sentido de incorporar a San Andrés en la estrategia nacional del diferendo para así calmar los ánimos locales por el desastroso fallo de 2012 e incentivar un mayor acercamiento diplomático con Nicaragua, echando mano para ello al llamado ‘poder blando’ –en este caso– de lo étnico raizal. Algo facilitado por la profunda conexión histórica y cultural que existe con la etnia similar, asentada en Corn Islands, ubicada al lado de San Andrés a escasos 20 minutos de vuelo.

Al mismo tiempo, el país mantenía la retórica paralela del desacato que con el tiempo se abandonaría por una negociación que sería más factible y aceptable con el acercamiento.

Como resultado de esa política de aproximación involucrando a las islas, el cónsul de Colombia en Managua tenía instrucciones precisas de impulsar el mayor intercambio comercial para abaratar el costo de vida en San Andrés y la Cancillería nombró a un raizal en nuestra Embajada en Managua. Y, además, en un hecho exitoso sin precedentes de la iniciativa diplomática étnica isleña, se otorgó tratamiento de visa especial a nuestros hermanos raizales nicaragüenses: mientras el resto de nicaragüenses necesitan visa para ingresar a Colombia, los de Corn Islands y Bluefields no.

Desde luego, también se conformó el productivo y laborioso ‘Raizal Team’ como respaldo en la defensa legal ante La Haya.

En el actual gobierno, paulatinamente, Colombia dejó de valer de lo étnico como actor diplomático en su política de buen vecino con Nicaragua. En consecuencia, hoy día esa política sin ‘toque’ isleño carece del dinamismo del pasado y ha vuelto a ser decidida en las frías salas del Palacio de San Carlos sin referencia a las islas y a los isleños.

El país debería tomar un mayor interés en los requerimientos y opiniones de las islas en el ámbito regional más allá de la delimitación fronteriza y el diferendo con Nicaragua que ha dominado las acciones internacionales y regionales atinentes a las islas en los últimos 40 años.

Esto se podría asegurar desde las islas si el Gobernador presiona a la Cancillería o si le permiten impulsar proyectos isleños de acercamiento y cooperación, siguiendo una tradición de iniciativas étnicas regionales de muchos años que no avanzan por las frías barreras capitalinas.

Se aseguraría así que se atiendan temas bilaterales de manejo conjunto que son importantes para las islas e ignoradas por el gobierno central, como la protección ambiental, la pesca y el acercamiento cultural. Precisamente, el 24 de marzo pasado líderes raizales solicitaron a la Cancillería abrir camino a una alternativa de manejo bilateral y transfronterizo de la reserva de Biosfera Seaflower, a través de la iniciativa ‘Gran Seaflower’.

Las Islas Corn y una historia compartida

Mientras tanto, el gobierno y la Cancillería se mantienen inactivos en relación a la estrategia de acercamiento, erróneamente enfocados mayoritariamente en la defensa legal en La Haya cuando hay mucho por hacer en las islas, en Corn y Little Island y en Managua. Porque, si algo hemos aprendido desde 2012, es que un fallo no necesariamente soluciona el diferendo y, mucho menos, no calma ni calla a los isleños.

Al país le conviene aprovechar la oportunidad del acercamiento usando el ‘poder blando’ de lo étnico y la fuerte conexión que tiene la comunidad raizal sanandresana con su par de Nicaragua.

En primer lugar, porque involucrando bien a las islas en todo momento se transmite mejor el contexto humano, étnico e histórico del problema y se enriquecen y completan los argumentos ante La Haya.

En segundo lugar, se facilitaría que se acepte mejor toda decisión que se tome a nivel bilateral y en La Haya en relación al diferendo. Porque, paralelo a la pérdida de aguas históricas, lo que los isleños más reprochamos fue que antes de 2012 —ignorando principios y tendencias legales internacionales— Colombia prácticamente no nos mencionó como pueblo con derecho histórico y étnico de 400 años sobre el área en disputa, algo que según los expertos debilitó sus argumentos e influenció mucho en el fallo desfavorable.

En tercer lugar, Colombia saldaría otra deuda que se tiene con las islas al haber cometido una injusticia cuando en los años ochenta limitó la conexión etno-cultural, familiar, económica e histórica de varios siglos, como consecuencia del reclamo oficial nicaragüense por nuestras islas.

Y, en cuarto lugar, porque se atenderían varios asuntos desde una sola estrategia, al amparo de nuestros hermanos raizales nicaragüenses, quienes, al ver las ventajas del acercamiento nos podrían dar una mano en propiciar que el gobierno nicaragüense se acerque más a un acuerdo.

En fin, se debería comenzar a preparar el terreno anticipando otra posible –y desagradable– sorpresa o ‘decisión salomónica’ de La Haya en relación a las dos demandas pendientes, para evitar cometer los mismos errores previos a 2012. Complicar por omisión el manejo de posibles futuros fallos desfavorables y evitar crear un detonante de más incertidumbre e injusticia para las islas, sería a todas luces, imperdonable.

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Este artículo obedece a la opinión del columnista. EL ISLEÑO no responde por los puntos de vista que allí se expresan.

Última actualización ( Domingo, 04 de Abril de 2021 10:11 )