¿Por qué es necesario reformar la gobernación?

Imprimir

HAROL.BUSH2A un año de la declaratoria de la pandemia es necesario reflexionar sobre el manejo dado por la administración pública local a la misma y a las consecuentes crisis socioeconómicas y humanitarias. El coronavirus confirmó lo que ya se sabía: que la administración departamental es deficiente, desordenada, politizada e inadecuada para el manejo de crisis o. incluso. de situaciones normales.

La crisis política contribuyó a los desaciertos, fallas y omisiones que hemos visto en estos 12 meses, pero también lo hizo el inadecuado esquema administrativo existente desde hace años.

La crisis del Covid puso de relieve la importancia de tener una buena administración pública. El futuro de las islas no puede seguir dependiendo del ensayo, de la improvisación, del azar y de la incertidumbre.

Es necesario que se mejore la capacidad gerencial de gestión y se implante una cultura de renovación, transparencia y orientación social para asegurar una racionalización presupuestal con un mayor enfoque hacia el servicio de los ciudadanos. Al final, la administración pública departamental debe ser profesionalizada, ordenada, disciplinada, austera, despolitizada y eficiente en el manejo de los escasos recursos.

Y, por encima de todo, debe recuperar integridad y abrirse más a la transparencia y al escrutinio social. Para ello, cuatro factores principales deben en primer lugar ser atendidos.

1) Transformar su ineficiencia político-burocrática y la debilidad institucional.

2) Controlar la alta politización de la gestión administrativa que hace que las metas públicas de mejoramiento social deban competir con las de intereses políticos, por cuanto estos últimos tienen ‘capturada’ a la gestión gubernamental en las islas.

3) Profesionalizar más la burocracia y al mismo tiempo reducir la contratación de ‘corbatas’ a lo mínimo necesario para destinar esos recursos a programas sociales.

4) Reorientar el compromiso gubernamental a favor de la sociedad isleña para atender mejor la severa sobrecarga de demandas sociales y económicas.

No atender esas demandas sociales y económicas sólo las empeora y podría generar mayores problemas sociales y un descontento que podrían volverse incontrolables. De hecho, la continua violencia es un producto colateral del desorden y aparente indiferencia en el tema por parte de la Gobernación, la falta de control policial y gubernamental a través de la Occre y la debilidad institucional que hace rato le ha quitado el ojo al tema de seguridad.

San Andrés y Providencia han tenido la suerte de una relativamente calmada pandemia, con alrededor de 45 muertos y una de las menores tasas de incidencia y de mortalidad.

Aun así, la confluencia de varios factores de crisis y el shock del huracán apuntan a una ‘tormenta perfecta’ de tipo social, político y económico que no se quiere ir, en parte porque el agudo vacío de gobierno y de liderazgo político hacen difícil que se tomen decisiones y se coordinen acciones encaminadas a superar la crisis.

Una tarea de todos

Los enfoques tradicionales de ser solamente reactivos, de esperar que algo pase y las soluciones cosméticas ya no tienen validez por la profundidad de los problemas. Se debe ir más allá, depurando y fortaleciendo al agente de cambio, la Gobernación, y reorientando sus acciones.

Para ellos es necesario que todos, el sector público local y nacional, los gremios y la sociedad civil, consideremos e implementemos transformaciones audaces y de fondo para de una vez por toda solucionar, mitigar o neutralizar los problemas estructurales de años.

Solo así podremos posicionar mejor a las islas hacia el futuro porque, así como van su modelo de desarrollo turístico se auto destruye. Y será inviable porque la sobrepoblación, la inseguridad, la acelerada y desordenada construcción, el daño cultural y la degradación ambiental le están causando serios daños.

Así las cosas, la misma atracción natural y cultural de las islas que sustenta su economía están en peligro de ser afectados aún más.

Muchas soluciones requerirán medidas muy impopulares y drásticas, como la disminución poblacional, algo que ningún político intentará tocar y los gremios económicos son reacios a impulsar. Pero también depende de una eficiente gestión del gasto público que la clase política y la burocracia departamental es reacia a aceptar.

Aunque esa clase política hace rato ha dejado de canalizar el descontento social, ha sido debilitada y desprestigiada por los escándalos de corrupción, que ahora son más visibles que en el pasado gracias a una presión social que no cederá y seguirá creciendo si sigue o aumenta la desatención política a sus necesidades.

Una aparente ventaja es que en las islas se busca una reactivación o transformación ligera y no una reconstrucción económica total, aunque, como lo señala una proyección post-Covid para preparada por el Banco Mundial, se deben fortalecer las condiciones locales para ser menos dependientes del turismo y para promover mayor sostenibilidad y resiliencia económica y social.

En esto y en presiones al ente gubernamental y a la clase política, se espera que los sectores productivos y su renovado Consejo Gremial del Archipiélago (CGA), jueguen un papel más protagónico y usen más su valioso y poderoso –pero subutilizado– ‘soft power’ para ejercer más influencia sobre lo político y lo gubernamental.

Quedarse de brazos cruzados no es una opción porque la pandemia y el huracán están desencadenando un retroceso en los indicadores locales de desarrollo humano con un aumento de desempleo y la pobreza, algo que hará difícil predecir la dirección del descontento popular que se manifestará en más presión social que a su vez deberá ser atendida por lo político y lo gremial so pena de amenazar los cimientos económicos y políticos de las islas.

--------------------
Este artículo obedece a la opinión del columnista. EL ISLEÑO no responde por los puntos de vista que allí se expresan.