Definitivamente, el decreto número 226 emanado de la Presidencia de la República que crea la comisión intersectorial de apoyo al Plan San Andrés es una infamia. Un irrespeto hacia la comunidad de las islas. Es un acto de centralismo recalcitrante que desdeña de la provincia colombiana y destella un aire de arrogancia capitalina.

Antes que nada considero sobredimensionadas las manifestaciones de algunos al hecho, un impase superable, de que la gobernadora y el alcalde están con voz pero  sin voto en la Comisión Intersectorial de apoyo al financiamiento de programas y proyectos de inversión de la subcuenta, Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Comprensible pero carente de sentido práctico resulta el enojo de quienes creen que el trato dado a la Gobernadora y al Alcalde de Providencia por el Gobierno Nacional, al otorgarle solo voz pero sin voto en el recién expedido Decreto Presidencial 226 del 20 de febrero (*), es indigno.

Fue increíble ver y oír al presidente Juan Manuel Santos nuevamente en posición ‘fuera de lugar’, esta vez con su declaración dirigida a los pescadores de las islas en el sentido de que “no tienen que pedirle permiso a nadie para pescar”.