Hoy hace un mes que fuimos invitados por nuestra Ministra de Relaciones Exteriores, con la Gobernadora, el Alcalde de Providencia y Santa Catalina y los Representantes a la Cámara por el archipiélago, a escuchar al Agente, Embajador Julio Londoño y el equipo de especialistas que atienden el caso de la demanda de Nicaragua contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia por las islas, en Bogotá.
Esa reunión fue a consecuencia del manifiesto interés de los isleños por obtener información oficial del caso, y se pide reiteradamente una reunión con la representación colombiana ante el tribunal de La Haya en la isla con el propósito de dialogar frente a una pluralidad de personas interesadas e inquietas por el asunto que compromete nuestro territorio obtenido y poseído legítimamente por más de 200 años.
Al momento no hay fecha establecida para ese encuentro que nos permitiría escuchar de nuestros agentes la razón de las estrategias adoptadas en la mejor defensa de nuestros intereses por mantener la integralidad del territorio del archipiélago ante las pretensiones nicaragüenses y nos daría la ocasión de exponer ante ellos y frente al ministerio grandes interrogantes por el próximo pronunciamiento inapelable del tribunal internacional de justicia que podría modificar las líneas de fronteras entre los dos países.
Sin duda, cada parte maneja de forma diferente la información y participación de sus nacionales en este asunto que se considera parte de la integridad territorial y el mar que les corresponde.
Mientras para Managua es un asunto de dominio público, incorporado en todos los niveles de la educación formal y divulgado sistemáticamente en los medios masivos de comunicación, creando un convencimiento popular y una unidad nacional en torno a sus pretensiones sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para Bogotá en cambio, es como un secreto todo lo relacionado con este pleito de manera que constituye casi una trasgresión pretender información y mucho menos hacer preguntas.
Y es que pareciera nacionalmente no estar convencidos aún de la colombianidad de los isleños como no lo fueron por los habitantes de la Mosquitia que invadidos por Nicaragua en 1894 no recibieron ningún apoyo requerido para evitar la pérdida territorial que ha dado origen al caso presente sobre el que el más alto tribunal de las Naciones Unidas proferirá su veredicto.
No entendemos cómo con lo pactado en el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928/30, donde el meridiano 82 es la línea separatoria entre Nicaragua y Colombia por este instrumento válido y vigente, reconocido dentro del proceso por la Corte de la Haya, se proponga la línea media para la delimitación marítima en los alegatos finales, mecanismo equitativo, pero que en este caso nos privaría de la zona con más langosta y caracol pala en las proximidades del paralelo 15.
Pero las inquietudes de los habitantes de nuestro archipiélago versan sobre más y diversos aspectos de nuestras relaciones internas, como que no somos tenidos en cuenta en las estrategias presentadas, siendo el factor humano que agrega significado, diferente a la fría discusión territorial por la tenencia y por las expectativas de la mera explotación de los recursos, renovables o no, del área en disputa.
Que lástima no poder expresarnos ante nuestras propias autoridades y mucho menos ante los juzgadores de la Corte Internacional de Justicia.
