Insólitamente y tras más de dos siglos de sustentable, ininterrumpida y pacífica posesión, la suerte de la integridad de nuestro espacio territorial está en las manos del Tribunal de La Haya que no tiene en cuenta a los pobladores poseedores ancestrales de tierra y mar.
Desde el siglo XVII se conformó la etnia raizal y aunque el territorio tuvo muchos pretendientes, históricamente los isleños rechazaron a los otros.
Nos unimos a la más diferente, a Colombia: católica, mestiza, hispano parlante, de normas escritas y de prácticas andinas.
La distancia de Colombia tal vez se les hizo cómoda; les permitió auto regular su convivencia bajo firmes convicciones religiosas protestantes en solidaria armonía, gente angloparlante, con la combinación europea, africana, asiática y mestiza que los hace Caribe y de prácticas consuetudinarias.
Éramos un conjunto de pueblos casi auto gobernados, con principios y valores coherentes que facilitaban la coexistencia y administrados desde las islas de San Andrés.
Pocos registran que la Mosquitia fue colombiana entre 1810 y 1928 y que la razón del tratado Bárcenas-Esguerra fue para zanjar diferencias por la toma de hecho por parte de Nicaragua de la zona o sea todo lo que hoy constituye la costa Caribe nicaragüense.
Las áreas en la plataforma continental al oriente del meridiano 82 y alrededor del paralelo 15 contienen valiosos recursos renovables, y en el subsuelo marino posibles yacimientos de hidrocarburos y otros minerales.
Esa es hoy probablemente la razón de la disputa. Mientras tanto los isleños del archipiélago, quienes escogieron a Colombia como patria en 1822, viven su viacrucis.
Hace 100 años nos elevaron a la categoría de Intendencia Nacional en la división política después de 90 años de ser tratados como menores de edad bajo el Departamento de Bolívar, inaugurando una política de ocupación del territorio insular demostrando cómo nuestras diferencias étnico culturales han jugado en contra muy a pesar de nuestro patriotismo.
También nos declararon puerto libre en 1953, la tienda para adquirir los elementos caseros importados a menor precio, lo que generó inmigración descontrolada de personas, de usos y costumbres ajenas a la racionalidad del medio, y del deterioro del equilibrio económico, social y ambiental.
Aunque la Constitución de 1991 en su artículo 310 trae un instrumento esperanzador por restablecer condiciones para mitigar a un pueblo amenazado por el desplazamiento, el avasallamiento cultural y la ocupación de sus espacios vitales; 20 años después es más latente aquello de estar en peligro de extinción.
Todo el territorio del archipiélago es vital y lo hemos convertido -en buena parte- en reserva mundial de la Biosfera de la Unesco, para su sostenibilidad y por el bien de la humanidad, es el mar de donde obtenemos el sustento de vida, y cada centímetro cuadrado es esencial para estos propósitos.
Sin embargo, los isleños no hemos podido hacer valer la legitimidad de nuestra ancestral posesión de todo el conjunto de islas, atolones, arrecifes, cayos, bancos, bajos, mares adyacentes y zonas de explotación económica exclusiva que nos corresponde. No hay lugar a oportunidades para defender derechos que hemos generado históricamente a favor de la Nación.
La CIJ declaró la plena validez del tratado Bárcenas-Esguerra, reconociendo soberanía colombiana sobre las tres islas mayores, pero también determinó que dicho instrumento no contiene un pacto bilateral de delimitación marítima entre las partes por lo que procederá a establecer en sentencia inapelable.
Sólo hasta ese momento sabremos si los responsables de nuestra defensa estuvieron a la altura de las circunstancias. O no.
Kent Francis James
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