Hubo un tiempo en que Providencia y Santa Catalina no permitían que cualquiera llegara a imponerle un modelo de desarrollo ajeno. La comunidad vigilaba y se enfrentaba a quienes pretendían quedarse a vivir, se oponían a las grandes construcciones y a quienes ocuparan zonas ambientalmente protegidas. ¿Caos o gentrificación insular?
Hoy, mientras aparecen obras de hasta cuatro pisos en diferentes sectores, proyectos turísticos junto al mar, nuevos asentamientos, predios que cambian de manos, donde la permisividad constructiva tiene licencia, y al Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) le urge una actualización, aún queda tiempo para repensar las islas que queremos.
El detonante de las recientes preocupaciones de la comunidad evidenciadas en redes sociales es la construcción de dos edificaciones que superarían la altura permitida por EOT, el cual establece un máximo de dos pisos y un altillo, en armonía con lo que fue la arquitectura tradicional de Providencia.
Según testimonios recopilados una de estas construcciones será para hospedaje, en Free Town o Pueblo Libre, muy cerca de la línea de costa, proyecto que, según funcionarios de la Alcaldía consultados y personas de la población, pertenece a inversionistas de San Andrés. El segundo proyecto que se encuentra en el sector de San Felipe pertenece a un local.
Miembros de la comunidad sostienen que este tipo de construcciones, amenazan la sostenibilidad económica de posadas nativas, principal modelo de alojamiento y advierten que las islas no están preparadas para soportar un crecimiento acelerado de la hotelería.
Providencia logró resistir a estos embates durante décadas gracias a personas que entendieron que el verdadero patrimonio de la isla no eran únicamente sus playas sino su cultura, su paisaje y su relación con el maritorio. Josefina Huffington es una de esas personas. Hoy su legado permanece activo, pero su voz ya no puede estar en todos los escenarios desde donde luchaba.
La última guardiana de Providencia
“Nos sentábamos a conversar en la casa de un vecino y una noche de esas, Josefina se metió al mar porque era la única manera de llegar de frente a la construcción ilegal de una persona que no era de aquí. Desde la playa mientras avanzaba hacia la obra les gritaba que se fueran, que era prohibido construir ahí”, me comentó un artista local.
Dicho propietario se fue a los años y la casa empezó a cambiar de dueño. La construcción ya no sigue ahí porque se la llevó el huracán Iota, pero este relato sobrevive del activismo de la vieja Providencia. La que no admitía fácilmente que intereses externos transformaran su paisaje o pusieran en riesgo su territorio.
Desde los años noventa, Josefina lideró la resistencia contra el megaproyecto Mount Sinaí, que pretendía levantar un desarrollo hotelero en una zona de 12 mil metros asociada al actual Parque Natural Regional McBean Lagoon. Su tenacidad y la de otros habitantes contribuyeron a frenar este y otros proyectos que, en aquel momento, consideraban incompatibles para Providencia y Santa Catalina.
Como presidenta de la Veeduría Cívica Old Providence, ha dedicado buena parte de su vida a enfrentar proyectos urbanísticos, intereses económicos y decisiones estatales que, amenazaban la identidad cultural y ambiental de las islas, cuando todavía palabras como sostenibilidad, capacidad de carga o turismo responsable no eran de dominio público.
Hoy la palabra de Josefina sigue teniendo peso, pero ya no puede estar en todos los lugares donde antes tomaba un megáfono, un micrófono, o simplemente levantaba su portentosa voz para protestar o interpelar directamente a quienes pretendían deconstruir su amada Providencia.
Y su ausencia se siente cuando las construcciones avanzan sin que exista una discusión comunitaria suficientemente fuerte sobre sus impactos y el discurso del “progreso” comienza a imponerse sobre el derecho colectivo a decidir qué tipo de islas quieren habitar.
Transformación vs. sostenibilidad
Tras la devastación causada por el huracán Iota en noviembre de 2020 y luego de un proceso de reconstrucción profundamente cuestionado, esta nueva Providencia parecía impensable: nuevos asentamientos sin legalizar, aumento de la población y venta de lotes en medio de la necesidad o la avaricia que generó el desastre del Iota.
El temor es que Providencia termine replicando lentamente el modelo que transformó a San Andrés en una isla sobrepoblada con grandes desarrollos hoteleros, presión inmobiliaria, desplazamiento económico de emprendimientos locales y una demanda de servicios públicos y saneamiento ambiental que supera la capacidad del territorio.
Y aquí aparece una contradicción que me resulta imposible ignorar. Hace un tiempo, cuando cuestioné públicamente la construcción del Hotel Grand Sirenis, megaproyecto hotelero desarrollado por Hitos Urbanos, uno de los empresarios raizales relacionados con el proyecto me llamó y me dijo:
“Ni tu ni nadie va a poder detener el desarrollo y progreso de San Andrés, así ya no estemos en vida, San Andrés, va seguir desarrollándose”, y aquella frase nunca se me olvidó porque si, las transformaciones sociales son inevitables, el punto es que sean sostenibles.
Años después, el Tribunal Administrativo de San Andrés y Providencia ordenó la demolición de dos pisos del Grand Sirenis por exceder los límites autorizados de altura que contemplan las normas del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), aunque aún no se ha ejecutado.
Repensar a Providencia y Santa Catalina
Providencia y Santa Catalina hacen parte, además, de la Reserva de Biosfera Seaflower, condición que debería obligar a repensar cualquier desarrollo desde la protección, la conservación y no únicamente desde la rentabilidad. La deconstrucción de Providencia empeoró con la brecha social dejada por el proceso más cuestionado de la historia reciente del Archipiélago.
Fue precisamente Josefina Huffington una de las voces que impulsaron la acción judicial en contra de esa reconstrucción del gobierno del expresidente Iván Duque que terminó en la Sentencia T-333 de 2022 de la Corte Constitucional.
El fallo reconoció vulneraciones a los derechos fundamentales del pueblo raizal, cuestionó que decisiones determinantes para la reconstrucción fueran tomadas sin una participación suficiente de la comunidad y conminó al Estado a corregir esos horrores.
La primera reconstrucción le costó al Estado colombiano $1,6 billones de pesos, mientras que la reconstrucción 2.0 de ahora con su Plan de Acción Específico (PAE) contempla cerca de $1,3 billones adicionales para subsanar esas fallas, cerrar brechas y completar procesos que quedaron pendientes.
Es decir que Providencia todavía intenta reconstruir la reconstrucción mientras otros construyen sin Dios ni ley la nueva Providencia.
Las posadas nativas, que durante años ha sido uno de los modelos de turismo comunitario más representativos de Providencia, se están enfrentando a una competencia en condiciones desiguales. Además, más construcciones de hospedajes significan también más consumo de agua, más generación de residuos, mayor presión sobre los ecosistemas y mayores exigencias de bienes y servicios que encarecen el costo de vida para la comunidad.
Providencia logró resistir durante décadas porque Josefina Huffington al frente de la citada Veeduría era una aguerrida guardiana que en un momento decisivo como el de ahora, no aceptó la inevitabilidad de la deconstrucción anticipada bajo la palabra “progreso y desarrollo”.
Porque el verdadero progreso y desarrollo sostenible no debería consistir en transformar a Providencia hasta que termine pareciéndose a San Andrés y no sepamos como responder la pregunta del billón ¿y ahora quién defenderá a Providencia y Santa Catalina?
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Este artículo obedece a la opinión del columnista. EL ISLEÑO no responde por los puntos de vista que allí se expresan.
