La Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) compartió su posición frente a la propuesta de incremento salarial, del Gobierno nacional, para 2026; discusión que —asegura— ocurre en un contexto de alta informalidad, presiones fiscales y una economía que busca crecer con empleo de calidad.
Es pertinente recordar que el Gobierno propone una cifra que ronda el 11 %, mientras que los empresarios sugieren un aumento cercano al 6 %, dado que la inflación proyectada cerraría en torno al 5 %.
Con esta disparidad de números, y con un historial reciente de no llegar a consensos en las negociaciones entre empresarios y sindicatos, todo apunta a que el aumento del salario mínimo para el próximo año podría volver a definirse por decreto presidencial.
Es por ello que el gremio de los hoteleros, junto a varios de sus asociados, dirigieron una carta a la Mesa de Concertación del Salario Mínimo (que empezó a reunirse desde el primero de diciembre), exponiendo sus puntos de vista frente al tema.
Cotelco indicó que, como grupo de gremios, considera necesario presentar dichas consideraciones “para aportar a un debate responsable y sostenible”; y porque “el salario mínimo no es solo un ajuste anual, sino una decisión que impacta hogares, empresas y la competitividad del país”.
Este es el contenido de la misiva:
Señores
Mesa de Concertación del Salario Mínimo
Ciudad
Llamado a la concertación responsable del Salario Mínimo
Los firmantes consideramos el salario mínimo como una herramienta que garantiza dignidad y protege a los trabajadores formales, en una economía que busca crecer y generar oportunidades. Un piso salarial sólido y sostenible es clave para impulsar la equidad y la protección social.
La mesa de concertación entre trabajadores, empleadores y gobierno, que se instaló este lunes (primero de diciembre, N. del E.), debe ser un espacio orientado a acuerdos que reflejen la realidad económica del país. Todos queremos que se logre una concertación.
El salario mínimo juega un papel fundamental en nuestra economía: afecta la demanda laboral formal, la oferta de trabajo, la competitividad, la sostenibilidad pensional y las finanzas públicas. Su fijación debe seguir lineamientos constitucionales y legales, que garanticen un ingreso vital y móvil, acorde con la inflación y con la productividad laboral.
Es relevante tener en cuenta que el salario mínimo no es la herramienta de política social más idónea: otras medidas pueden ser más efectivas para solucionar los problemas de distribución del ingreso y equidad, y evitar la disyuntiva entre favorecer a quienes tienen empleo y perjudicar a quienes están desempleados o en la informalidad, que son la mayoría.
En un país donde el 55% de los ocupados es informal —80% en el campo— donde por cada trabajador con salario mínimo hay cuatro informales, las variables más relevantes en la concertación deben ser la inflación y la productividad.
En economías modernas es natural que los salarios, incluido el mínimo, se actualicen para compensar la inflación causada o esperada. Las ganancias de productividad también deben reflejarse en mejores salarios, impulsando crecimiento y empleos de calidad. Ajustar el salario mínimo conforme al costo de vida y la productividad preserva su función y genera un entorno predecible para hogares y empresas.
Aumentos del salario mínimo por encima de inflación y productividad generan los efectos contrarios: mayor informalidad y presiones a los precios afectando en mayor medida a la población de menores ingresos. Los Observatorios Fiscal y Laboral de la Universidad Javeriana han sido enfáticos en llamar la atención sobre estos riesgos. También se afectan las finanzas públicas.
El Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2025 supuso un incremento del salario mínimo de 7,1%. Cada punto porcentual adicional le costará a los contribuyentes y a la Nación cerca de 240 mil millones en pensiones, según Anif, y alrededor de 600 mil millones en gasto total no financiado.
Para la negociación del salario mínimo de 2026, hacemos un llamado a los actores de la mesa de concertación a que lleguen a un acuerdo responsable, basado en criterios técnicos. Solo así se protege a los trabajadores y se abren oportunidades para quienes hoy están en la informalidad o buscando empleo. Confiamos en que un diálogo serio permitirá un acuerdo justo, sostenible y favorable al empleo formal y al crecimiento económico.
(Foto: Fedesarrollo)
