
En el Archipiélago hay problemas que envejecen sin transformarse. Se repiten con la misma cadencia con la que cambia la marea, pero sin avanzar. El transporte marítimo, la legalidad de innumerables predios, la energía, el acueducto, la salud y el aeropuerto, entre otros, conforman una espinosa lista de asuntos pendientes surgida hace décadas…
De hecho, el actual gobernador estaba cursando sus primeros estudios cuando la actual concesión portuaria cumplía veinte años y anunciaba casi copiadas las mismas preocupaciones que hoy seguimos considerando.
Los datos recientes lo muestran con claridad técnica: en el primer semestre de 2025 arribaron 216 barcos al puerto, una disminución del 11,8 % respecto al mismo periodo del año anterior. En un territorio que depende casi totalmente del transporte marítimo para su abastecimiento, esta caída no es un número frío: es un recordatorio de nuestra fragilidad logística y de la carencia de rutas alternas cuando las dinámicas comerciales se transforman.
A ello se suma el litigio sobre el predio logístico en Cartagena donde opera el principal transportador de carga hacia la isla. De manera que un proceso judicial mantiene en incertidumbre la continuidad de la operación. La medida que detuvo un desalojo evitó un desabastecimiento inmediato, pero no resolvió el fondo del problema: seguimos sin una estrategia sostenible para blindar la entrada de víveres, combustibles y materiales esenciales.
Si se amplía el foco, el panorama confirma una constante postergación. La empresa encargada de la energía eléctrica está cerca del fin de su contrato, y hoy no existe –al menos en la conversación cotidiana o en la agenda pública– una ruta clara para garantizar la continuidad del servicio bajo nuevos términos. En la salud y el hospital persisten desacuerdos laborales que se repiten año tras año. El acueducto y el alcantarillado requieren transformaciones estructurales que se aplazan indefinidamente. El aeropuerto sigue esperando modernizaciones que nunca se concretan.
Y ni hablar del llamado Estatuto Raizal que continúa en el mismo limbo conceptual y político que ha sobrellevado durante más de dos décadas.
Mientras tanto, hablamos de autonomía y autodeterminación. Pero actuamos como si las soluciones dependieran siempre de un tercero, de un despacho en Bogotá o de una orden judicial. No es coherente pedir respeto y autonomía si al mismo tiempo dejamos las decisiones cruciales en manos ajenas, esperando que otros resuelvan lo que le corresponde a la población insular.
El mundo avanza con velocidad, pero el archipiélago parece quedarse detenido en un ciclo de ferias y remates que se repite, como si cada generación heredara una carpeta de asuntos inconclusos. Ha llegado el momento de asumir lo que es nuestro, no como consigna retórica, sino como ejercicio real de responsabilidad. Si no lo hacemos, seguiremos viviendo en un territorio donde los problemas no se resuelven: simplemente se aplazan envejeciendo con nosotros…



















