El testimonio abierto y de cara a la sociedad que adelantó la señora Tracy Pomare, denunciando por las redes sociales el abuso sexual a que fuera sometida su hija por la misma persona que la transportaba diariamente al colegio, puso al descubierto un drama que probablemente tenga mucho más de fondo que de formas en San Andrés.
La noticia sacudió los cimientos de una sociedad que en buena parte acostumbra a callar estos delitos crueles, tal vez por temor a la exposición pública de las afectadas, tal vez por no revictimizarlas, o tal vez –y esto también es grave–, por no confiar plenamente en las entidades responsables de impartir justicia.
El hecho de haber sido capturado el victimario por parte de la comunidad del sector –que lo entregó a las autoridades– y de haber sido luego dejado en libertad por “falta de méritos” u otra argucia legal, empeora la situación al punto de generar legítimas reacciones de protesta como la concurrida marcha que recorrió las calles de San Andrés este viernes.
Pero más allá de la indignación del momento, este caso debe marcar un antes y un después. No se puede seguir normalizando la impunidad ni el silencio cómplice ante los abusos contra menores (o mayores) de edad. Es necesario revisar los procedimientos judiciales, fortalecer las rutas de atención y garantizar que las víctimas y sus familias encuentren apoyo real, humano y eficiente.
El llamado es a las autoridades, pero también a toda la sociedad: proteger a los niños y niñas del archipiélago no puede ser un discurso vacío, sino una acción cotidiana. Que la voz de Tracy Pomare no quede como un grito aislado, sino como el inicio de una conciencia colectiva que ponga fin al miedo y al silencio. Y, desde luego, que haya castigo ejemplar para los culpables.
