Durante este mes de septiembre se ultimaron detalles para la instalación y desarrollo de la consulta previa raizal, con el objetivo de consolidar el Plan Integral de Reparación Colectiva; proceso que derivará en la caracterización de personas víctimas del conflicto y posteriormente en una probable indemnización._(Foto Archivo CEW)
Las reuniones más recientes tuvieron lugar del 22 al 24 de septiembre, fechas en las que se dio la instalación formal de la consulta previa, con presencia de delegados del Pueblo Raizal, de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), del Ministerio del Interior, de la Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo.
Agenda concertada
En la primera jornada se realizó una presentación de la metodología para la caracterización de daños colectivos (línea de tiempo, cartografía social) y un estado del arte del proceso.
Igualmente, se desarrollaron ‘círculos concéntricos’ en los que se reflexionó sobre los daños a nivel personal, familiar, comunitario y territorial. En este espacio se hizo hincapié en que el daño colectivo incluye pérdida de lengua, cultura, cohesión social y relación con el territorio.
El último día se adelantaron grupos focales sectoriales, reuniendo a mujeres, jóvenes, pescadores, líderes espirituales y adultos mayores; recogiendo testimonios específicos sobre afectaciones y expectativas de la reparación.
El Pueblo Raizal también es víctima
Pamela Newball, miembro de la Comisión Consultiva Departamental, amplió la información, explicando que los delegados del Gobierno nacional viajaron a la isla para instalar la mesa de consulta previa, junto a los voceros del Pueblo Raizal, en concordancia con la Resolución 111763 del 2023, la cual declara colectivamente a esta población étnica como víctima del conflicto armado.
“Aunque nosotros no somos víctimas directas del conflicto en Colombia, si se nos ha reconocido como tal porque somos ruta del narcotráfico. Por eso desde el 2024 venimos trabajando en pro de una reparación colectiva”, destacó.
Adicional a las actividades ejecutadas la semana pasada, la también asesora de la Secretaría de Gobierno en Asuntos Étnicos, señaló que se reunió, además, la mesa de seguimiento al tema de víctimas según lo planteado en el Decreto 4635 de 2011, que va en línea con la Resolución 111763 y que contiene los lineamientos para la atención de las víctimas y de los desplazados que llegaron a San Andrés desde el interior del país.
Con respecto a lo que se hizo en la mesa, Newball dijo que se verificó las acciones que están desarrollando las diferentes secretarías en torno a la protección de derechos de esas poblaciones. “Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social tiene que ver con el Decreto 4635, porque ellos atienden a víctimas y a desplazados; y la Secretaría de Gobierno tiene a su cargo a las víctimas raizales, según lo establece la Resolución 111763”, agregó.
Lo que viene
En las próximas semanas se iniciarán unas socializaciones, por parte de la Gobernación, acerca de esta iniciativa de atención y reparación para las víctimas; luego, se realizarán entrevistas individuales para poder definir quiénes son víctimas y quiénes no, y proceder a cargar a la página de registro de la UARIV a quienes efectivamente tengan ese carácter.
“Debe hacerse esa caracterización, aunque diga ‘reparación colectiva’, porque no sabemos quiénes son víctimas en realidad. Además, porque hay unas víctimas directas y otras víctimas indirectas, por conectividad con el tráfico y con el conflicto armado”, aclaró la asesora.
Una vez analizada la información recopilada en las entrevistas, y tener la claridad de quiénes son las víctimas, se procederá con la caracterización y luego con los demás procesos de indemnización (ya sea económica o simbólica).
Para este proceso se tiene previsto un trabajo hasta el próximo año, incluyendo la entrega y socialización de un documento final.
