Este martes 22 de septiembre, en la isla de Providencia, los pescadores artesanales presentaron el Acuerdo de Conservación y Gestión Sostenible de la Pesca Artesanal en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Este compromiso arrancó de inmediato con una expedición a los cayos del norte.
La iniciativa de este acuerdo pionero busca proteger los ecosistemas coralinos la renovación de los recursos para garantizar la sostenibilidad de la pesca artesanal y preservar los medios de vida del Pueblo Raizal en el marco de la Reserva de Biósfera Seaflower.
La presentación estuvo a cargo de I-Fish Association y contó con la presencia de representantes de la Federación de Pescadores de Providencia y Santa Catalina, líderes raizales, sociedad civil, academia e instituciones clave como el Ministerio de Ambiente, Coralina, Parques Nacionales, Aunap, Armada de Colombia, Cesyp y la Capitanía de Puertos.
El acuerdo propone un modelo de gestión rotativa que establece zonas de no pesca/no entrada temporales y rotativas, iniciando en el banco de Quitasueño por dos años, con posibilidad de prórroga. El objetivo es darles descanso a los arrecifes, permitir la recuperación de poblaciones de peces y mejorar los servicios ecosistémicos esenciales, como la protección costera y el turismo sostenible.
El profesor Germán Márquez, uno de los inspiradores de la declaratoria de la Reserva de Biósfera Seaflower, dijo: “Este es un esfuerzo que hace el Pueblo Raizal para conservar algo en beneficio propio porque los primeros beneficiarios de una recuperación de la pesca son ellos y el país, y también el planeta entero. Estas medidas no solo recuperan los recursos pesqueros, sino que dan un descanso a los arrecifes para que puedan regenerarse de los impactos de la pesca ilegal e industrial, de los huracanes y del cambio climático. Para que esto funcione se requiere del apoyo de las autoridades, y creemos que es una aproximación novedosa e innovadora”.
Por su parte, Ximena Rojas, directora de Recursos Marinos, Costeros y Acuáticos del Ministerio de Ambiente, destacó: “Para el Ministerio el territorio insular del Archipiélago es parte fundamental de la sostenibilidad y, en específico, de los mares de Colombia por ser una Reserva de Biósfera y por la importancia que tiene en el Caribe como un hot spot de biodiversidad. Es para nosotros importantísimo aportar en este proceso de conservación”.
Este acuerdo se enmarca en un despertar del Pueblo Raizal hacia modelos de autogobierno y determinación, integrando el conocimiento tradicional con ciencia y monitoreo participativo.
El documento se sustenta en la declaratoria de la Reserva de Biósfera Seaflower (UNESCO 2000) y su Área Marina Protegida (Resolución 107 de 2005), acciones como la reciente declaratoria del Área Marina Protegida de Serranilla y Bajo Nuevo y el Acuerdo 001 de 2025 de la Federación de Pescadores de San Andrés y Providencia del derecho a la libre determinación, al uso, goce y aprovechamiento de los recursos naturales presentes en el territorio y áreas marinas del archipiélago exclusivos del Pueblo Raizal.
Además, este acuerdo se basa en la jurisprudencia de la Corte Constitucional que reconoce el Pueblo Raizal y sus derechos colectivos, por el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Ley 47 de 1993, los acuerdos de consulta previa en Providencia y Santa Catalina.
Para iniciar los pasos a la consolidación de este acuerdo, este 24 de septiembre, como parte de la socialización, se realizó una expedición a los cayos del norte. La travesía zarpó desde Providencia a Roncador, Serrana y el sur de Quitasueño, antes de regresar. Esta expedición permitirá que los actores clave conozcan la dimensión del maritorio y la relevancia del acuerdo para la sostenibilidad de la pesca artesanal y la conservación de los ecosistemas marinos.
La expedición es liderada por I-Fish Association con el apoyo de Fondo Acción y la Fundación Sea, Land and Culture (Prosealand), en el marco del proyecto Fi wi Riif.
Con esta iniciativa, el Pueblo Raizal da un paso firme hacia un modelo de gestión participativa, sostenible y de innovación para la pesca artesanal.
El acuerdo se convierte en un acto de autodeterminación que dialoga con el Estado y sus entidades para garantizar la supervivencia de las comunidades insulares, en un maritorio compartido con pueblos del Gran Caribe que enfrentan desafíos similares de sobrepesca y degradación de los ecosistemas marinos.
