En diciembre de 2023 el pueblo raizal fue reconocido oficialmente como Sujeto de Reparación Colectiva por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), una decisión histórica que coloca al Archipiélago en el centro de un debate sobre justicia restaurativa.
Este proceso contempla varias fases: la identificación de los daños sufridos, el alistamiento de actores, la caracterización del daño colectivo y la formulación de un Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC), hasta llegar a la implementación y el seguimiento de las medidas. Cada etapa tiene un peso simbólico y práctico: no se trata solo de reconocer el dolor histórico, sino de diseñar estrategias concretas que permitan restituir dignidad, cohesión social y confianza institucional.
La estigmatización de las islas como un corredor del narcotráfico ha condicionado durante décadas tanto la percepción externa como las dinámicas internas del archipiélago. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha advertido que el Caribe insular colombiano registra niveles de tránsito de sustancias ilícitas superiores al promedio nacional, y diversos informes han señalado a San Andrés como punto estratégico en incautaciones marítimas.
Sin embargo, reducir la identidad de un pueblo a esa narrativa constituye una injusticia histórica. La realidad es más compleja: se trata de un territorio con más de 100.000 habitantes concentrados en apenas 27 kilómetros cuadrados, lo que representa una densidad poblacional tres veces mayor que la media nacional y una sobrepoblación que presiona recursos esenciales como el agua, la vivienda y el empleo.
Este escenario demográfico no solo impacta la economía y la vida cotidiana, sino que acarrea un costo cultural profundo: los raizales, pueblo originario de las islas, nos hemos convertido en minoría en nuestra propia tierra. No se trata de una cifra estadística, sino de una herida abierta que atraviesa la identidad colectiva, pues sentirse extranjero en el propio hogar erosiona el idioma, las tradiciones y la memoria, y convierte la reparación no en un gesto simbólico, sino en una necesidad impostergable para garantizar la continuidad de la cultura y la dignidad raizal.
Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2025 la tasa de desempleo juvenil en Colombia se ubicó en 15,3%. En términos claros: de cada cien jóvenes que buscan empleo, quince no lo encuentran. Aunque San Andrés registra en general un desempleo más bajo que el promedio nacional, según fuentes (¿lo creemos?), en 2022 se estimó en 6,9%, la particularidad de su economía, dependiente casi exclusivamente del turismo y de empleos temporales, limita la estabilidad laboral.
Para los jóvenes raizales esta situación es aún más crítica, pues enfrentan barreras adicionales de discriminación, acceso desigual a educación superior y escasas oportunidades de emprendimiento en un mercado altamente competitivo. La falta de estabilidad no es solo un problema económico, sino un factor de riesgo que incrementa la vulnerabilidad frente a las economías ilegales que operan en la región.
La evidencia internacional muestra que la justicia restaurativa ofrece soluciones efectivas. Una revisión sistemática en Reino Unido, Australia y Estados Unidos comprobó que programas de restauración, como conferencias entre víctimas y ofensores o círculos comunitarios, reducen la reincidencia en un promedio del 25% frente a la justicia tradicional.
En Londres se calculó además que por cada libra invertida en encuentros restaurativos se ahorraron catorce en costos asociados a delitos evitados. Estas cifras, lejos de ser estadísticas frías, muestran que una justicia con rostro humano y comunitario puede ser más eficiente y sostenible que un sistema basado únicamente en el castigo.
San Andrés cuenta con un capital social que fortalece esta visión: redes comunitarias sólidas, tradiciones religiosas profundas y una memoria oral que valora la armonía. En la cultura raizal, el castigo nunca fue la única salida; el énfasis estuvo siempre en reparar la relación rota y restaurar el equilibrio. Esa cosmovisión encaja con la filosofía de la justicia restaurativa y debería ser reconocida no como contexto marginal, sino como el núcleo sobre el que se construya la reparación colectiva.
La implementación del PIRC, recordemos: Plan Integral de Reparación Colectiva, exige transparencia, metas verificables y participación constante. La UARIV ha planteado que la caracterización de daños debe incluir dimensiones culturales, sociales y territoriales, y que el plan de reparación debe medirse con indicadores claros. Si no se convierte en políticas públicas sostenibles, corre el riesgo de quedar atrapado en la burocracia. La reparación verdadera pasa por crear espacios de justicia comunitaria con facilitadores capacitados, por fortalecer la lengua y los oficios raizales en las escuelas, y por generar proyectos de empleo y emprendimiento que aseguren oportunidades dignas para los jóvenes y las mujeres.
El Caribe, además, es un territorio de frontera donde las rutas criminales evolucionan constantemente. La UNODC ha descrito cómo las organizaciones pasaron de lanchas rápidas a semisumergibles e incluso drones marítimos. Ante ello, la isla necesita una estrategia que combine prevención comunitaria y vigilancia legítima, de modo que el territorio no quede reducido a un simple corredor de tránsito. La reparación integral puede convertirse en un escudo si se articula con proyectos de pesca sostenible, educación ambiental y turismo responsable.
San Andrés tiene ante sí la posibilidad de ser un laboratorio de justicia restaurativa intercultural para Colombia y el Caribe. Pero para lograrlo se necesita reconocer que la raíz del problema está también en la pérdida de peso demográfico, cultural y político de los raizales. Somos minoría en nuestra propia tierra, y ese hecho debe ser el punto de partida de cualquier reparación que aspire a ser auténtica.
La reparación no puede ser vista como un favor del Estado, sino como un pacto social que repare el pasado, proteja el presente y prevenga el futuro. Y en ese camino, más allá de las divisiones internas, la unidad raizal se convierte en condición indispensable. Solo unidos podremos defender nuestro derecho a existir con dignidad en esta tierra, y convertir el ser raizal en sinónimo de resistencia, orgullo y esperanza.
*Ph.D in Criminal Justice and Criminology, MSc in Forensic Psychology, MSc in Educational Psychology
