La Contraloría General de la República (CGR) alerta por posible suspensión del Programa de Alimentación Escolar (PAE), lo que afectaría a más de 3,5 millones de estudiantes en todo el país. Sobre el particular se pronuncia igualmente la Presencia.
El llamado urgente es al Gobierno Nacional para la asignación de los recursos faltantes, por $500 mil millones, para evitar así la suspensión del servicio desde este mes de septiembre.
De no cubrirse este faltante, más de 3.500.000 niños, niñas y adolescentes, en 53 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) quedarían sin acceso a este servicio esencial.
Antecedentes
Esta alerta se sustenta en información presupuestal obtenida con corte a 20 de agosto de 2025, producto de unas mesas de control social participativo desarrolladas la última semana por la Contraloría Delegada para Educación en el distrito de Buenaventura, a partir de las cuales se hizo revisión a la operación del Programa.
Además, en visitas de seguimiento realizadas en todo el territorio nacional, la Contraloría conoció comunicaciones enviadas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar ‘Alimentos para Aprender’ (UApA) al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 24 de junio y el 15 de agosto de 2025, solicitando la adición presupuestal urgente de los recursos faltantes.
La no respuesta oportuna a estos requerimientos pondría en riesgo no solo la prestación del servicio, sino también la garantía del derecho a la alimentación y la permanencia educativa de millones de estudiantes.
Por eso, la Contraloría hace un llamado urgente al Ministerio de Hacienda, al de Educación y a las ETC para que, de manera articulada, aseguren los recursos necesarios que demanda el PAE.
La interrupción del Programa no solo tendría graves consecuencias sociales y educativas, sino que además generaría cuestionamientos públicos e institucionales, considerando la naturaleza constitucional del derecho a la alimentación y la obligación del Estado de garantizarlo.
La Presidencia responde
El Gobierno Nacional reafirmó su compromiso por la protección de la niñez colombiana, con el propósito de avanzar en la superación del hambre y el cierre de brechas en el acceso a la educación digna y con garantías.
En respuesta a la alerta de la CGR, desde la Presidencia se exige eficiencia en el uso de los recursos del PAE dado que —asegura— los recursos girados desde el nivel central pasaron de 1,26 billones de pesos en 2022 a 2,13 billones en 2025, lo que representa un aumento del 68%; en cambio, los aportes propios de cofinanciación por parte de algunas ETC han presentado una disminución en la presente vigencia.
De igual forma, anticipó que en el 2026 se destinarán 2,9 billones de pesos para la implementación del PAE en el país.
Es importante recordar que la cofinanciación del Programa, en el marco del ordenamiento jurídico colombiano, se estructura como un sistema de concurrencia entre los distintos niveles de gobierno, conforme a los principios de coordinación, coparticipación y subsidiariedad establecidos.
Por lo anterior y para garantizar el funcionamiento del programa la inversión referenciada se suma a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), recursos de regalías y aportes propios de las ETC, con el fin de garantizar la continuidad y sostenibilidad del programa.
“Las ETC son responsables de asegurar la operación del PAE en sus respectivos territorios, lo que implica la planificación integral del servicio de alimentación escolar y la ejecución oportuna de los procesos de contratación. Esta responsabilidad incluye garantizar la prestación del servicio desde el primer día del calendario académico y sin interrupciones durante todo el año escolar, en función de las necesidades locales y las condiciones operativas específicas de cada territorio”, manifestaron desde el Gobierno nacional.
Disminución presupuestal desde las ETC
Los aportes propios de cofinanciación por parte de algunas Entidades Territoriales Certificadas han registrado una tendencia decreciente desde 2021, en contravía del mandato establecido en la Ley 2167 de 2021, que exige un incremento anual en términos reales de dichos recursos. Esta disminución compromete la sostenibilidad financiera del PAE y limita su capacidad de respuesta frente a las necesidades territoriales.
Se evidencian deficiencias en los procesos de planeación por parte de algunas ETC, lo que se traduce en niveles de cobertura estancados o incluso decrecientes, a pesar del incremento sostenido en el financiamiento nacional.
Las decisiones adoptadas en torno a los procesos de contratación y la distribución de los complementos alimentarios no responden adecuadamente a los criterios de priorización definidos por la UAPA ni a las condiciones particulares de cada territorio, lo que limita el uso eficiente de los recursos asignados al Programa d
Persisten debilidades en la definición de los costos asociados a la prestación del servicio, lo que reduce la capacidad de ampliar la cobertura estudiantil o de extender el número de días de atención durante el calendario académico
Los procesos de contratación que no promueven la articulación del PAE con la economía local desconocen la producción regional, las costumbres alimentarias y las dinámicas socioculturales del territorio.
Esta desconexión incrementa los costos logísticos y de intermediación, afectando la eficiencia del uso de los recursos públicos. Resulta especialmente preocupante que, en varias ETC, se observe una reiterada selección de los mismos operadores, lo que limita la competencia, la innovación y la inclusión de actores locales en la cadena de valor del programa.
Estas decisiones sumadas a anteriores practicas institucionales de fragmentación de la asignación de los recursos a las ETC, por las que se esperaba que el Gobierno Nacional en el segundo semestre realizará una nueva asignación, han generado unas condiciones de riesgo de la continuidad de la prestación del servicio de Alimentación Escolar, sea por acciones administrativas relacionadas con lo contractual o por una posible falta de recursos de financiación lo que podría afectar a más de 500.000 estudiantes en los próximos meses.
(Foto: Presidencia de la República)
