En el XVIII Congreso de Antropología realizado en Popayán, se abordaron las complejas relaciones entre la degradación ecológica, el conflicto armado y las dinámicas de poder que atraviesan el país, especialmente en las regiones fronterizas. Los panelistas evidenciaron cómo la violencia y el extractivismo golpean los territorios étnicos, cuya única forma de resistencia es la priorización de la naturaleza como fundamento de sus procesos de paz.
En este contexto, compartí la experiencia del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde, aunque el conflicto armado no ha sido frontal, sí ha dejado huellas profundas y dolorosas en el maritorio. Este eslabón, se anexa a la cadena de hechos que han marcado la historia del pueblo raizal, incluso frente al mismo Estado colombiano. Una historia marcada por la imposición cultural, la colonización, la degradación ambiental y el despojo territorial desde inicios del siglo XX.
Con la creación de la Intendencia en 1912 se enfatizó la presencia militar en el archipiélago, la imposición del español sobre el kriol y el tránsito de misiones católicas que reforzaron la falsa idea de una única identidad nacional socavando las singularidades de la cultura raizal.
Este estado de cosas se intensificó en 1953 con la declaratoria de Puerto Libre, y comenzó en 1967 con el proceso legal de colombianización. En nombre del desarrollo turístico, se produjo uno de los ecocidios más graves de la historia insular: la destrucción y relleno de la Bahía San Andrés, Punta Hansa, Bahía Hooker y parte de Sound Bay, las zonas de manglar, humedales y lechos coralinos fueron devastadas para dar paso a barrios como Obrero, Sagrada Familia, Los Almendros, Swamp Ground, entre otros.
Con la Constitución de 1991, San Andrés, Providencia y Santa Catalina se erigieron como Departamento. Se promulgó la Ley 2762 de la OCCRE para controlar el crecimiento poblacional. Sin embargo, el mal uso de la norma por intereses clientelistas derivó en un poblamiento desbordado, aumentando la presión sobre los ecosistemas. La naturaleza hoy pasa factura: inundaciones frecuentes sobre terrenos frágiles.
Durante las décadas de 1960 y 1970 surgieron los primeros movimientos raizales en defensa del territorio, pero fue a partir de 1991, con la transición a Departamento, que se visibilizaron con mayor fuerza. El movimiento Amén Autodeterminación abrió caminos para nuevas formas de representación y participación raizal.
Mientras tanto, se perdió la soberanía en el aire. En 1999, Colombia delegó el control del espacio aéreo del archipiélago a Panamá para multas de navegación civil, lo que ha significado una pérdida de 18 millones de dólares anuales durante los últimos 26 años. A pesar de las acciones legales lideradas por el abogado Rafael Archbold Joseph, el Estado ha guardado silencio hasta hoy.
La cosmovisión raizal del cielo, el mar y la tierra es profundamente simbólica y política. El cielo es espacio de bendiciones; el mar, sustento y la tierra es siembra y hogar. Cuando uno de estos elementos es violentado todo el pueblo lo siente.
Aunque las FARC-EP, el ELN y los grupos paramilitares no tuvieron presencia directa en las islas, el narcotráfico —principal financiador de la guerra— encontró en el mar de siete colores una ruta estratégica para sus operaciones.
Desde los años 80, con el auge del narcotráfico y la degradación del conflicto armado, las islas vivieron una forma incipiente de violencia. Se reclutaban jóvenes con habilidades de navegación para el tráfico de drogas. Más de 700 personas —raizales, isleños, residentes y extranjeros— han desaparecido en el mar, víctimas de una violencia sostenida. Decenas de sanandresanos y providencianos están hoy privados de libertad en Estados Unidos y Centroamérica.
Con la firma del Acuerdo de Paz en 2016, el pueblo raizal fue reconocido como víctima a través del Capítulo Étnico. Un logro histórico impulsado por liderazgos locales que exigieron inclusión en los procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Sin embargo, la firma no trajo paz. Hoy el mar sigue siendo escenario de violencias: en los últimos tres años, se estima que unas 386 personas migrantes han muerto o desaparecidas en la ruta San Andrés–Nicaragua, un corredor tan letal como el paso del Darién.
A ello se suma la presión de la pesca industrial —activa desde los años 70— e ilegal, que han afectado gravemente los bancos marinos y la pesca artesanal raizal.
Otro golpe vino desde La Haya. En 2012, y reafirmado en 2022, la Corte Internacional de Justicia falló contra Colombia, cediendo 75.000 km² de mar territorial frente a Nicaragua. Esto supuso el enclave de los Cayos del Norte (Serrana y Quitasueño) y la pérdida del acceso a zonas pesqueras ancestrales como Luna Verde, despensa de generaciones.
Más que una derrota diplomática, fue una fractura espiritual. Las relaciones de vecindad con los pueblos hermanos del Caribe surccidental se debilitaron, imponiendo fronteras donde antes había alianzas. La militarización del mar bajo pretextos de soberanía y lucha antidrogas, ha llenado las islas de bases militares. Hoy hay más puestos armados que canales para el encuentro con pueblos caribeños.
El despojo también alcanzó la poca tierra que tenemos. Desde los años 80, los narcotraficantes adquirieron terrenos en manglares y zonas coralinas para construir hoteles y mansiones. Tras ser incautados, muchos de estos predios no fueron devueltos al pueblo raizal, sino reasignados a entidades estatales, privadas o urbanizaciones ilegales.
Hoy el archipiélago está fragmentado. Urge una reparación integral que no se limite a las conmemoraciones simbólicas. El pueblo raizal heredero ancestral del maritorio necesita medidas concretas: detener la sobrepoblación, restitución de predios, garantías para la pesca artesanal, protección al medio ambiente y reconocimiento efectivo de su gobernanza.
La paz también debería navegar hasta las islas.
