San Andrés ha sido reconocida nuevamente como la mejor playa de Suramérica en los World Travel Awards 2024, consolidando su posición como uno de los destinos turísticos más importantes de la región. Este reconocimiento no solo resalta su belleza natural, sino que también reabre el debate sobre la estructura económica del turismo en la isla y la necesidad de una legislación que garantice que los beneficios de esta industria permanezcan en manos de quienes realmente han apostado su vida y su capital en este territorio.
El turismo representa el 80% del PIB de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Desde la década de 1970, con la declaración de la isla como puerto libre bajo la Ley 1 de 1972, San Andrés experimentó un crecimiento exponencial en su actividad turística. Sin embargo, con el tiempo, este modelo ha evolucionado de manera que ha favorecido cada vez más a operadores externos y grandes plataformas internacionales, mientras que los empresarios locales enfrentan un escenario desigual en términos de inversión, regulación y acceso a oportunidades.
A nivel global, el fenómeno de la “turistificación” ha tenido consecuencias graves en diversas regiones. Ciudades como Barcelona, Venecia y Ámsterdam han debido implementar medidas urgentes para regular el impacto del turismo y evitar la gentrificación, el aumento descontrolado de los precios de bienes raíces y la precarización del empleo local. En el Caribe, las islas de las Antillas Menores han sido testigos de cómo la inversión extranjera en la industria hotelera ha llevado al desplazamiento de comunidades locales, limitando el acceso a oportunidades económicas y restringiendo la propiedad del suelo. San Andrés, sin un marco regulatorio que proteja la participación de los empresarios locales en el desarrollo turístico, enfrenta un riesgo similar.
El informe de Competitividad Turística del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) evidencia que, aunque la llegada de turistas ha crecido en un 25% en los últimos cinco años, la proporción de ingresos que realmente queda en el territorio ha disminuido. El auge del turismo ha generado una paradoja: el destino se vuelve más atractivo para el mercado global, pero la rentabilidad para los empresarios locales se reduce debido a la penetración de grandes actores internacionales.
Empresas extranjeras controlan una gran parte de la oferta hotelera y de servicios turísticos, mientras que plataformas digitales como Airbnb han disparado la especulación inmobiliaria, encareciendo el suelo y dificultando el acceso a la vivienda para los residentes de la isla. Además, la falta de incentivos financieros para los emprendedores locales los deja en una situación de desventaja frente a grandes cadenas que acceden con facilidad a financiamiento internacional.
En contraste, existen ejemplos de modelos turísticos que han priorizado el beneficio local. En Costa Rica, el ecoturismo ha permitido que el 75% de las ganancias generadas por el sector permanezcan en manos de empresas nacionales, lo que ha fortalecido la economía local y garantizado la sostenibilidad ambiental. En Hawái, la legislación protege el patrimonio cultural y restringe la compra de tierras por parte de no residentes, evitando la gentrificación y asegurando que la riqueza generada por el turismo beneficie directamente a los locales.
En este contexto, es necesario avanzar en la construcción de un marco normativo integral que garantice la sostenibilidad económica y social del turismo en la isla. La creación de un fondo de inversión exclusivo para empresarios locales permitiría redistribuir los beneficios del turismo de manera más equitativa, financiando el crecimiento de negocios propios en la isla. Asimismo, la regulación de las plataformas de alojamiento digital es fundamental para equilibrar el mercado y evitar que la especulación inmobiliaria desplace a los habitantes. La implementación de límites en la adquisición de tierras por parte de inversionistas foráneos contribuiría a evitar la pérdida de control sobre el suelo isleño, garantizando que la propiedad permanezca en manos de la comunidad.
Otro aspecto clave es la generación de incentivos fiscales y financieros para los emprendedores raizales, facilitando el acceso a créditos a tasas preferenciales y promoviendo programas de capacitación que fortalezcan la capacidad de gestión empresarial. Además, el establecimiento de una tarifa de entrada diferencial para turistas permitiría destinar estos recursos a proyectos de infraestructura y desarrollo comunitario, asegurando que el crecimiento turístico no solo beneficie a unos pocos, sino que impulse mejoras en la calidad de vida de toda la población.
San Andrés ha alcanzado un reconocimiento internacional que le otorga una ventaja competitiva frente a otros destinos del Caribe. Sin embargo, si no se implementan políticas que prioricen la permanencia de los beneficios en la isla, este reconocimiento podría convertirse en un arma de doble filo, acelerando un modelo extractivo que expulsa a los locales del circuito económico del turismo.
Ahora, la responsabilidad está en nuestras manos. No podemos permitir que San Andrés sea otro ejemplo de un paraíso turístico donde la riqueza queda en manos de foráneos, mientras los empresarios locales luchan por sobrevivir. Es el momento de exigir un marco legal que proteja nuestra inversión, nuestra tierra y nuestro futuro. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde, porque si no defendemos lo nuestro hoy, mañana podríamos ser solo espectadores de lo que alguna vez fue nuestra isla.
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Este artículo obedece a la opinión del columnista. EL ISLEÑO no responde por los puntos de vista que allí se expresan.
