Mucha gente lo desconoce pero los isleños están pasando por una difícil y extrema situación económica por los bajos ingresos que perciben en referencia al salario mínimo establecido por el Gobierno Nacional. De ahí la necesidad de aprobar un salario diferencial para estas islas, que dignifique la supervivencia diaria y bienestar de sus habitantes.
Sí, las aprietos día a día son más difíciles para la supervivencia de los habitantes de escasos recursos. En el comercio, cada quién aumenta los precios de los artículos de primera necesidad a su conveniencia. Evidentemente, no hay control de precios por parte de ninguna entidad que proteja a los consumidores.
Igualmente ocurre con los servicios públicos, cuyos recibos de cobro mensuales se hacen cada vez más impagables, por los bajos ingresos que perciben los habitantes. Indudablemente, se requiere aquí, de manera urgente, un salario diferencial, con respecto al que ganan el resto de colombianos en los otros Departamentos.
Salario mínimo insuficiente.
En estas islas todo es más caro, por su misma condición geográfica de lejanía al denominado ‘continente colombiano’. Esta sentida situación está asociada, además, a los altos precios de la gasolina. Sí, el salario mínimo que perciben los isleños, que anualmente aprueba el Gobierno Nacional, constituye un factor pauperizante del componente socioeconómico de los habitantes del Archipiélago.
Por estas razones la calidad de vida está en latente desmejoramiento por esta triste y tangible realidad que requiere pronta solución. Incluyendo los altos costos del transporte marítimo y los fletes del puerto. Inexorablemente, los importes del transporte marítimo por la lejanía y las tarifas que cobra el puerto marítimo para con los insumos de primera necesidad influyen, en forma directa en esta situación.
Situación económica y cruda realidad
No es posible que, en el mercado público de San Andrés, denominado la ‘Calle de las Proveedoras’, aguacates, bananos, queso, papas, yuca, plátanos, pescados y otros, tengan un alto valor, y cuesten 4 o 5 veces más de lo que valen en otras partes de Colombia. No justifica que los isleños tengan este castigo y perjuicio social y económico. Hay que solucionar prontamente esta inaceptable situación.
Viéndolo bien, con óptica imparcial, en el país se está dando esta terrible inequidad con los isleños, que tienen una devetajosa situación geográfica por la distancia que separa el inmenso Mar Caribe al continente colombiano; hecho por lo cual se encarecen los alimentos y elementos de primera necesidad, al igual que los servicios públicos que se prestan aquí.
Todo esto hace que se desmejore paulatinamente, pero en forma evidente, la calidad de vida en estas islas. Ello indica se deben tomar las medidas correctivas para bienestar de los isleños, concediéndoles un salario con un real poder adquisitivo. No sabemos, ni entendemos a ciencia cierta cómo es la supervivencia aquí.
Presupuesto inalcanzable
Para el presente año 2025 la Presidencia de la República decretó un aumento de 9,54%, para un salario mínimo mensual de 1.623.500 pesos. Ese salario aprobado a nivel nacional no alcanza aquí para sufragar alimentación, servicios públicos, transportes, impuestos, estudios y otros imprevistos; si la familia se compone solo de tres miembros.
En este sentido, según el reconocido abogado isleño Jaison Taylor Davis, residente en San Andrés, “Este salario mínimo aprobado no está alineado con la realidad económica local”. También apuntó: “Es crucial que el Gobierno considere estas especificidades al tomar decisiones que afectan de manera desproporcionada a regiones como el Archipiélago de San Andrés y Providencia”.
Para finalmente precisar que: “Las islas de San Andrés y Providencia requieren un enfoque diferencial que respete su régimen especial y considere sus condiciones económicas únicas”.
Es que el salario mínimo que aprobó el Gobierno Nacional, no se concibe con la realidad ni el poder adquisitivo en estas islas. Triste y desesperante situación que los habitantes soportan estoicamente desde tiempo atrás.
Legislación especial ¿para qué?
Existe una legislación especial para el Archipiélago, que puede aprovecharse, por analogía, para regular el establecimiento de un salario diferencial para estas ínsulas. En efecto, el régimen legal especial para San Andrés y Providencia, regulado por la Ley 47 de 1993, la cual otorga facultades sobre todo en sus particularidades económicas con respecto al resto del país.
Tan solo se requiere de voluntades que propicien esto para que se haga realidad. Por ahora nadie ha querido sacar adelante este tema. ¿Por qué será? Este es un tema áspero y sentido, al que ningún hijo de esta región –desafortunadamente– ha querido comprometerse quién sabe por qué razones; pero ello se mantiene en el tapete de las tareas pendientes.
Reacciones de los habitantes
Consultados al respecto un par habitantes de San Andrés, opinaron de la siguiente manera: “La limitante de ingresos económicos ha pauperizado la vida de la mayoría de los isleños en los últimos años”. El siguiente dio qué: “Ya no se puede esconder la triste realidad de las islas en el aspecto socioeconómico de la mayoría de sus habitantes, estamos padeciendo por la carestía y los bajos ingresos que recibimos”. Estas reacciones indican que se debe implementar lo más pronto posible un salario diferencial aquí con respecto al que se percibe en el resto del país.
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Este artículo obedece a la opinión del columnista. EL ISLEÑO no responde por los puntos de vista que allí se expresan.
