A pocos días de que Donald Trump asuma nuevamente la presidencia de Estados Unidos el próximo 20 de enero, sus recientes declaraciones sobre el canal de Panamá han desatado una ola de reacciones en América Latina. Petro cerró filas junto al país centroamericano. ¿Por qué interesa esto a San Andrés? Habla el abogado raizal Rafael Archbold Joseph.
El presidente electo, en un mensaje difundido a través de su red social, afirmó que las tarifas actuales del canal son una ‘estafa’ para su país y advirtió que, si no se respetan los principios morales y legales de su construcción, exigirá la devolución del mismo a EE.UU.
Esta postura fue calificada por el presidente colombiano, Gustavo Petro, como una amenaza directa a la soberanía panameña y un retroceso en las relaciones interamericanas. Para conocer su posición frente a esta situación y sus posibles implicaciones, EL ISLEÑO consultó al abogado sanandresano Rafael Archbold Joseph.
Como se recordará, desde hace 19 años el jurista isleño viene alertando al Gobierno Nacional acerca del uso indebido que ejerce Panamá sobre el control del espacio aéreo regional, como extensión del territorio del mar Caribe que le pertenece a Colombia.
En efecto, Archbold Joseph denunció el hecho en 2006 mediante acción popular ante el Tribunal Administrativo de San Andres, pidiendo que Colombia retomara el control sobre su espacio aéreo, solicitando también que esos dineros –que hoy percibe Panamá– se destinaran específicamente a atender asuntos prioritarios de las islas.
La opinión del experto
¿Cómo toma las declaraciones de Donald Trump sobre el canal de Panamá y la posterior intervención del presidente Gustavo Petro?
Creo que las declaraciones del presidente electo de los Estados Unidos, sobre cualquier tema, siempre deben ser tomadas con la debida cautela, por cuanto conocemos cómo se desarrolla en ciertos aspectos. Pero quiero destacar la respuesta solidaria y de altura que ha dado el presidente Gustavo Petro cuando, ante esa declaración de Trump, sin vacilar manifestó que reconocía la soberanía absoluta de los panameños sobre el canal.
Eso creo que hay que dejarlo claro, y por supuesto no comparto con quienes quieren cuestionar el planteamiento del presidente colombiano. No obstante, lo que sí creo es que tanto este Gobierno, como todos los demás que ha tenido el país desde el 31 de diciembre de 1999 (fecha en que se entregó de manera operativa el canal a los panameños), no han hecho nada.
Me refiero, en principio, al expresidente Andrés Pastrana; luego Álvaro Uribe, que estuvo ocho años; después Juan Manuel Santos, otros ocho; luego Duque, cuatro años; y ahora el actual Gobierno, que lleva dos; en ninguno se han realizado avances significativos para que Colombia recupere el control del espacio aéreo en el Caribe.
Precisamente, desde hace casi dos décadas usted interpuso una acción popular reclamando sobre el manejo irregular del espacio aéreo del Archipiélago por parte de Panamá. ¿Qué gestiones ha realizado Colombia para recuperarlo?
Sí, hace dos décadas interpuse una acción popular reclamando al Gobierno, de esa fecha, que ejerciera las actuaciones y gestiones diplomáticas para que este propósito de país se hiciera realidad. Sin embargo, encontramos todo tipo de trabas, incluso por parte de la Aeronáutica Civil de la época.
Considero que las gestiones han sido muy pobres, que no han tenido el peso necesario para significar una captación de ingresos; porque los ingresos importantes se captan es por las aeronaves que navegan por encima de los 27.000 pies de altura.
¿Qué piensa de la designación de un colombiano en la OACI?
Creo que quienes ven como una oportunidad ‘dorada’ que un colombiano esté en la Secretaría General de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) –me refiero al doctor Juan Carlos Salazar Gómez–, se equivocan. Es más, no va a pasar nada, como quiera que esta persona fue director de la Aeronáutica Civil entre 2018 y 2021, años en los que menos avances se dieron.
Tras ese paso por la Aerocivil, el funcionario fue designado por el país en la OACI, donde recientemente se ha hecho elegir, por segunda vez, como su secretario general, por otros tres años más. Pienso que eso en nada beneficia al país; por supuesto puede ser muy bueno para su hoja de vida, para su proyecto personal, para su familia, pero en nada va a beneficiar esa Secretaría General a los propósitos de recuperar para el país el control del espacio aéreo en el Caribe.
Es más, recuerdo que quien era el apoderado hace 20 años, cuando interpuse la acción popular, era el doctor Sergio París Mendoza, posteriormente colaborador del doctor Salazar Gómez. Actualmente es el director de la Aeronáutica, y por eso no se ha visto ningún avance en esto.
De otro lado debemos tener presente, porque ya lo han manifestado en Panamá, que esa decisión está incluida dentro del tratado Torrijos-Carter de 1977 y aquí hay que hacer absoluta claridad: lo que se entregó en ese momento fue el manejo y la operación del canal, pero lo del espacio aéreo está excluido porque no se trata del de ese país centroamericano, sino del espacio aéreo colombiano en el Caribe; puntualmente, sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Lamentablemente –como nos ha pasado en muchos temas– Colombia estaba ‘dormida’ en esa época, en manos del presidente Pastrana, y por supuesto en los gobiernos posteriores a los que ya me he referido, y los que muy poco o nada han hecho al respecto.
Es más, han intentado soslayar la orden impartida por el Tribunal de San Andrés, y confirmada por el Consejo de Estado (en 2011), donde instaba al Gobierno nacional a realizar todas las acciones para que se pudiera recuperar para el país el manejo del espacio aéreo, y de los recursos que ello produce por la aplicación de ayuda al vuelo.
Entonces creo que es muy importante lo que está pasando en este momento, y ojalá el Gobierno nacional (el actual) tome las medidas necesarias.
