En un acto poco concurrido durante una noche sombría del año 2002, hace dos largas décadas, se oficializó la entrega en concesión al Consorcio Aeropuertos de San Andrés y Providencia S.A. (CASYP), de uno de los bienes públicos y estratégicos más preciados de San Andrés: el Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla.
Poniendo en contexto los hechos, el histórico evento sucedió durante la gobernación (en encargo) de Álvaro Archbold Núñez y la presidencia de Álvaro Uribe Vélez; de los cuales el primero, en su calidad de anfitrión, sorprendió a los asistentes dejando sentado un “total desacuerdo” con la sesión patrimonial que allí se estaba adelantando al citado consorcio (colombo -chileno).
De aquel episodio claroscuro han pasado 22 años y el aeropuerto de San Andrés no ha recibido, más allá de algún que otro retoque cosmético, la verdadera mano transformadora que requiere un terminal internacional con un volumen de tráfico aéreo significativo los 365 días del año, incluidas las llamadas ‘altas temporadas’.
Entre tanto, la permanencia del operador CASYP fue culminada abruptamente por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), luego de que, entre otros presuntos incumplimientos, no entregara las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil extra contractual del contrato. El anuncio lo formuló el entonces vicepresidente de la Nación, Germán Vargas Lleras, en 2014.
En pocas palabras, para poner la casa en orden había que empezar por la única puerta de entrada de pasajeros de San Andrés. Una edificación vetusta, ineficiente y sobre-diagnosticada, que lleva largos años postergando su remodelación, a pesar de existir planos, maquetas y hasta atractivos videos, todos engavetados en dependencias oficiales.
Sin embargo, el más reciente capítulo a esta increíble y triste historia, digna de nuestro realismo mágico, se presentó el pasado 26 de noviembre cuando la misma ANI –tras una década de dilaciones– declaró desierta la licitación para la modernización del aeropuerto debido "al no cumplimiento íntegro de los requisitos por parte de los proponentes".
Llamativa decisión tomada tras una convocatoria de Iniciativa Privada puesta en conocimiento público por la Aeronáutica Civil invitando a posteriori a terceros interesados en participar del proceso de selección que hoy se cae al cabo de diez años con la razonable irritación de la sociedad civil de las islas, su gobierno seccional y, desde luego, los viajeros nacionales e internacionales.
Así las cosas, no sería raro asistir a un nuevo episodio de la célebre Ley de Murphy, que reza: ‘Por más mala que sea una situación, siempre será susceptible de empeorar”. Hagamos fuerza para que el actual mandatario de los isleños haga prevalecer el lema de su campaña: ‘avanzar siempre es posible’. Esta vez, haciendo valer una amplia y justificada indignación social.
