En Providencia y Santa Catalina firmaron la protocolización de la consulta previa, en cumplimiento de la Sentencia T-333 de 2022 de la Corte Constitucional de Colombia que protege los derechos básicos del Pueblo Raizal en ese municipio. Habla la presidenta de la Veeduría Cívica de Old Providence, Josefina Huffington.
En efecto, este 22 de noviembre se llevó a cabo el tercer acto protocolario de la consulta previa, para dejar en firme el avance de los acuerdos y compromisos con el pueblo de esas islas.
En el acto oficial se firmaron los documentos que refrendan el compromiso de la Alcaldía, y de otras instituciones nacionales mencionadas en la Sentencia, con quienes se pactaron alrededor de 350 actividades y acuerdos en diferentes sectores con quienes se ha venido trabajando a lo largo del 2024.
Durante la firma de los acuerdos, el alcalde de Providencia, Alex Ramírez, dijo que “para la administración es muy importante estar en este tipo de procesos y trabajar por el cumplimiento de los deberes que se tiene con la comunidad, para su desarrollo y bienestar”.
Dichos pactos incluyen compromisos de los ministerios de Defensa, Vivienda, Medio Ambiente, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), y otros.
“Nefasta reconstrucción”
En diálogo con la lideresa Josefina Huffington, afirmó que cree que en esta ocasión sí se cumplirán los puntos acordados, como manda la Sentencia, pero que en todo caso se procede a ‘protocolizarlos’ para evitar su incumplimiento.
“Si no cumplen con la consulta previa nos veremos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque tenemos cómo llegar y tenemos el camino abierto. Yo no creo que ellos quieran eso”, sentenció.
Según relató la veedora municipal, la tutela que dió origen a la Sentencia T-333, fue radicada por los incumplimientos a la hora de ejecutar la reconstrucción de Providencia y Santa Catalina, municipio que quedó devastado tras el paso del huracán Iota.
“Todo comenzó a ir mal, justamente después que llegó gente de Colombia para acá como parte del equipo de la entonces gerente del proceso de reconstrucción, Susana Correa. Desde el principio siempre les dije: la arquitectura raizal forma parte de la identidad cultural de los raizales y las casas deben ser construidas como tal; lo segundo: no queremos casas prefabricadas, porque eso no forma parte de nuestra identidad cultural”, indicó.
La presidenta de la Veeduría Cívica también comentó, que los representantes del Gobierno hicieron caso omiso a sus solicitudes; incluso a la petición del uso de madera de pino, cedro o abarco, materiales tradicionalmente empleados para edificar sus viviendas.
“Por el contrario, ellos no tuvieron en cuenta los derechos de la comunidad Raizal y escogieron los materiales más baratos que habían en el mercado para reconstruir Providencia. Ahora vemos los resultados de ese nefasto proceso llamado ‘reconstrucción’”, añadió.
"Justicia en derecho"
Huffington rememoró cuando vió por primera vez las casas en materiales distintos a los acordados, expresando que: “eso a mi me golpeó el alma y por eso los demandé”, al tiempo que relató el tránsito de dicha acción popular, en oficinas del poder judicial de San Andrés, antes de llegar a la Corte.
“Enviamos una tutela a un juzgado de San Andrés, llegó a manos de una raizal (no recuerdo cómo se llama) y sorpresivamente la perdimos. Luego la pasamos al Tribunal y la volvimos a perder… ¡Yo no lo podía creer! Por fortuna, una entidad nacional llamada ‘Dejusticia’ nos ayudó a que llegara a la Corte y allí sí ganamos”, añadió la veedora.
En esa última instancia fue que se gestó la Sentencia T-333 de 2022, documento con el cual la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, decidió amparar los derechos fundamentales a la salud, agua potable, saneamiento básico y al ambiente sano, tanto de la accionante como del Pueblo Raizal en general.
Igualmente, ordenó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al Ministerio de Vivienda y a la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina, entre otras entidades nacionales, a que garantizaran a los habitantes de las islas las condiciones mínimas de vida en ese municipio.
“Nosotros quedamos felices, porque esta sentencia es la más completa que ha ganado Providencia desde que comenzamos la pelea, en 1980, por la defensa de los derechos humanos de la gente. Lo importante aquí es que manda a resolver la mala y nefasta reconstrucción, y a que se resuelvan todos los problemas que tiene el municipio. En todo caso, el trabajo de veeduría no se acaba”, puntualizó Huffington.
Sobre la Sentencia T-333 de 2022
Según consta en la página web de la Corte Constitucional, el 16 de diciembre de 2020, un mes después de que el huracán Iota destruyera el 98% de las islas de Providencia y Santa Catalina, la presidenta de la Veeduría Cívica de Old Providence, Josefina Huffington, solicitó mediante acción de tutela la protección de sus derechos fundamentales y los del Pueblo Raizal a la vivienda digna, salud, agua potable, saneamiento básico, ambiente sano, consulta previa e identidad cultural.
Lo anterior, al considerar que la Presidencia de la República, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina habían vulnerado estos derechos durante la planeación y ejecución del plan de acción específico (PAE) para la reconstrucción integral de las islas.
Del mismo modo, protegió el derecho a la consulta previa y ordenó a las entidades accionadas que consulten con el Pueblo Raizal el PAE, a fin “de que la reconstrucción de su territorio sea el resultado de un diálogo intercultural participativo, informado y de buena fe”.
(Foto: Alcaldía de Providencia)
