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La Autonomía errante

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Desde la Constitución del 91, que abrió la puerta anhelada para buscar una legislación a fin de proteger la identidad cultural y la consolidación del archipiélago como territorio de la etnia originaria, el proyecto de Autonomía raizal se la ha pasado de un lado a otro en los pasillos de la burocracia estatal sin alcanzar el triunfo pretendido de la practicidad.

En verdad, ha corrido una suerte de locos. Pues, ha deambulado de escritorio en escritorio, de un congresista a otro, de un gobierno a otro, de una entidad a otra, de una década a otra, y ahora al canasto de buenas intenciones del primer gobierno de izquierda. Es como si se hubiese convertido en un viviente sin tumba. Por lo que cada día frío en Bogotá que no avanza representa una pérdida, irrecuperable. Cada hora, un riesgo, incalculable.

Ciertamente, algunas de las propuestas que incluye el borrador conocido del proyecto generaron en principio impresiones temibles o importunas en el gobierno central, al punto de que fueron catalogadas de inconstitucionales por el ministerio del interior. Por cuenta de este taimado desdén, la iniciativa no ha logrado avanzar ni concitar la voluntad política de las jerarquías gubernamentales para abandonar su errancia.

Esa falta de voluntad política de los altos funcionarios del Estado ayer, y que ha operado contra del impulso de la propuesta raizal, incluso es notorio en los actuales ―pese a que el Presidente Petro le otorga mayor importancia―, ya que persiste una maliciosa y testaruda negación a ponerse decididamente a trabajar con los isleños a fin de corregir los errores que tuvieran en sus planteamientos y adecuar el proyecto a la Constitución Nacional, con arreglo al modo de acción de esta comunidad que le son propias.

La creencia en apariencia cierta de que la Autonomía absoluta disminuiría de alguna manera la soberanía colombiana en las islas, y que ha primado en el inconsciente del gobierno continental, ha quedado sin piso desde el fallo de La Haya de 2012. Razón por la cual, no existe hoy ninguna excusa razonable para que el Estado colombiano se resista a pensar y a actuar de otra manera.

Es decir, a aterrizar en el siglo XXI y colocarse en un altozano distinto a los de los Andes, que le permita observar el panorama insular de hoy y fundirse en su presente para comprender la tardanza en que ha incurrido para allanarle el camino a esta iniciativa.

Por qué no pensar que la Autonomía raizal podría coadyuvar el comercio, la conservación y la protección de la Reserva de Biosfera, la pesca artesanal e industrial en buenos términos, y el buen funcionamiento de las relaciones internacionales en la región, que actualmente están en manos de raizales, precisamente.

También garantizar ―o facilitar― la integridad del territorio y la propia visión de desarrollo; contribuir a fortalecer la aplicación de las políticas de control, circulación y residencia para contrarrestar la sobrepoblación de manera eficiente; implementar la nueva visión del turismo responsable y sostenible, la protección de los recursos naturales; y trabajar articuladamente entre las autoridades administrativas y de seguridad del orden nacional con las insulares.

Tal vez desde este punto de vista le sea posible a los funcionarios centralistas advertir que el proyecto de Autonomía raizal no pretende otra cosa que ratificar la fuerza y riqueza de la diversidad étnica y cultural del país, así como las maneras propias de las comunidades de llevar su vida, con ajuste a la normativa nacional existente.

Por tanto, la concreción de la aspiración autonómica del pueblo raizal y su feliz aterrizaje en el terreno de lo pragmático, hoy contribuiría más a la unidad de Colombia y al mejor aprovechamiento de las posibilidades de progreso social y económico que ofrece la mano generosa de la pluralidad étnica, cultural, y nuestra biodiversidad caracterizante.

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Este artículo obedece a la opinión del columnista. EL ISLEÑO no responde por los puntos de vista que allí se expresan.

Última actualización ( Sábado, 23 de Marzo de 2024 15:12 )  

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