El 2023 fue un año activo para Colombia en los organismos internacionales. Así lo indica la Cancillería, resaltando que la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), y el Movimiento de los Países No Alineados (NOAL), fueron algunos de los escenarios políticos en los que el país tuvo un rol importante._(Foto Cancillería)
Así mismo, destaca algunos hitos de la gestión de la Dirección de Asuntos Políticos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, como la ampliación del mandato de la Misión de Verificación de Naciones Unidas a la implementación del capítulo sobre reforma rural integral; y el capítulo étnico del Acuerdo de Paz de 2016, así como para monitorear y verificar la implementación de un alto el fuego bilateral con el ELN.
También, la adopción de la Declaración para la Protección e integración de la Niñez Migrante y Refugiada en las Américas en la OEA; y el apoyo total y unánime del NOAL a la iniciativa de la Paz Total del Gobierno Nacional.
Presencia fortalecida
Igualmente, en 2023 Colombia continuó aumentando su presencia en los diferentes organismos internacionales, siendo elegido como parte de la Junta de Desarrollo Industrial de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) (periodo 2023-2027), del Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO (período 2023-2026), de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) (período 2024-2028) y de Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) (periodo 2023-2025).
Además, la colombiana Alejandra Valencia Gärtner, fue elegida para integrar el Comité Jurídico Interamericano para el periodo 2024-2027.
La participación del país en estos espacios –añade el boletín– fortalecerá la posición nacional en el ámbito multilateral y contribuirá a la consecución de objetivos compartidos a nivel global, especialmente en temas de género, medio ambiente, y promoción del derecho internacional.
Desde las competencias de la Dirección de Asuntos Políticos Multilaterales, también se dio especial prioridad a los asuntos de género y a la política exterior feminista establecida en el Plana Nacional de Desarrollo; en este sentido, en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Colombia endosó la Política de Mujer, Paz y Seguridad de este organismo.
Adicionalmente, en el marco del Diálogo Anual sobre la Alianza de Cooperación para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (CPC), entre los Estados Unidos y Colombia, ese país asignó 10 millones de dólares a la lucha contra la explotación de niños, niñas y adolescentes para fortalecer las acciones nacionales en esta materia.
Por octavo año consecutivo, Colombia mantuvo su categoría en el primer nivel en el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre trata de personas, haciendo parte del grupo de países que cumple los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas con base en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
En este año, Colombia también hizo parte del proyecto de apoyo a los esfuerzos de los Estados de la OEA, para prevenir, investigar y contrarrestar la actividad delictiva vinculada a la explotación de migrantes venezolanos. El objetivo es fortalecer las capacidades nacionales para prevenir e investigar la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
La Cancillería también enfiló sus esfuerzos en promover el componente internacional de la nueva política nacional de drogas. En este sentido, embajadores de Colombia y funcionarios del Ministerio han participado en eventos de alto nivel para exponer el nuevo enfoque en Estados Unidos, Austria, Ecuador, Bolivia y Argentina.
De igual manera, los viceministros de Relaciones Exteriores, Francisco Coy; y de Asuntos Multilaterales, Elizabeth Taylor (ambos en la foto superior), han presentado el componente internacional de la nueva política de drogas en la reunión del Grupo de Trabajo Antinarcóticos con Estados Unidos y la Unión Europea.
Otro de los aspectos que trabaja la Cancillería es el desarme y la no proliferación de armas. Es por esto que, en febrero de 2023, Colombia endosó el ‘Comunicado de la conferencia regional sobre el impacto social y humanitario de las armas autónomas’, que plantea la necesidad de negociar un instrumento internacional jurídicamente vinculante que establezca regulaciones y prohibiciones para garantizar control humano significativo en los sistemas autónomos.