El 3 de julio se conmemora el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, con el objetivo de reducir el uso de este elemento por el daño que causa al medio ambiente. El Archipiélago cuenta con una normativa especial, desde 2019, que regula su utilización._¿Se está aplicando?_
Se trata de la Ley 1973 de 2019, “por la cual se regula y prohíbe el ingreso, comercialización y uso de bolsas y otros materiales plásticos en el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, e islas menores que lo componen".
Según la ingeniera ambiental Luz Elena Rojas Florez, funcionaria del área de Calidad Ambiental de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina), y encargada de la implementación de esta normativa en las islas, este proceso ha sido algo complicado pero también tienen claros ejemplos de que sí se puede generar un cambio.
“Hemos encontrado empresas muy comprometidas, porque entienden la importancia de la prohibición de las bolsas y otros elementos de un solo uso, particularmente en un territorio como San Andrés. Otras por el contrario lo entienden, pero no se acogen a la medida completamente al ver que los materiales compostables son más caros”, explicó.
La funcionaria indicó que es gratificante ver cómo la actitud de comercios grandes ha ayudado a que otros se comprometan; y confirman cómo sus clientes, personas del común, llegan a comprar con bolsas de tela o aprovechan las cajas en que se embalan otros productos.
No obstante, reveló también que se han presentado casos de venta de estos elementos de empaque, a altas horas de la noche en algunas casas; aunque siguen siendo –en su opinión– más las personas y empresas que están acatando la medida.
Tiempo de transición y sanciones
De acuerdo con el Artículo 5 de la Ley, se estableció un término de dos años a partir de su promulgación, para que se implementara totalmente en el Archipiélago; es decir, hasta 2021.
“Sin embargo, llegó la pandemia en 2020 y dificultó las labores de socialización de la norma, así como del manejo y eliminación de estos artículos, puesto que normalmente se compraban en grandes cantidades. Así que Coralina otorgó un tiempo adicional para su implementación, cuando se encontraba con altos stocks”, enfatizó Rojas.
Lo anterior, porque la autoridad ambiental era consciente de que dichas compras anticipadas representaban un dinero ya gastado por las empresas, y optó por llegar a consensos con los empresarios siempre y cuando se comprometieran a no adquirir más, generando nuevas alternativas de empaque.
En relación al tema sancionatorio, la funcionaria recalcó que la entidad ambiental busca fortalecer mucho más los aspectos de socialización, capacitación, acompañamiento e incentivos, que meramente imponer multas.
Según comentó, el personal de inspección realiza operativos periódicos en bodegas y stands de los comercios, para verificar qué material de empaque tienen y, acorde con los lineamientos del Ministerio de Ambiente, piden las fichas técnicas de las bolsas y otros plásticos de un solo uso que hallen.
“Si no cumplen con las especificaciones dadas y son cantidades mínimas, se deben entregar a un gestor que haga aprovechamiento en la isla (Schooner Bight Association o Eco Islas); sin son grandes, se hace un decomiso y se levanta una medida preventiva para iniciar un proceso sancionatorio mayor, según lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009”, manifestó.
Así mismo indicó que la penalidad depende de la naturaleza del comerciante, si es persona natural o jurídica; o por ejemplo, si es un adulto mayor infractor, se establece otro tipo de sanción como recibir una capacitación o que desempeñe una labor social.
Rojas explicó que esta Ley tiene –como todas– ciertas excepciones: el ingreso de bolsas de colores para la separación de residuos (orgánicos, peligrosos y otros), dado que en el caso de los desechos hospitalarios o en el servicio de alojamiento es importante que se sigan usando. También, aquellas empleadas para guardar carnes y verduras, por temas de inocuidad de alimentos.
Buena receptividad
Para finalizar, la ingeniera ambiental afirmó que la reducción de plásticos de un solo uso, principalmente de bolsas en San Andrés, podría rondar el 70%.
“Todavía nos falta un poco, por aquellos que no lo hacen por convicción sino por evitar una multa, volviendo a usar ese material después de que pasamos haciendo la inspección. Pero Coralina está trabajando en un acuerdo interinstitucional, para que se ‘pongan la camiseta’ todas las instituciones que la Ley 1973 establece, y logremos el impacto que ésta se merece”, aseguró.
Para el caso de mezcladores y pitillos plásticos, señaló que los restaurantes y similares han sido muy receptivos haciendo el recambio hacia materiales a base de caña de azúcar o de plátano, que ofrecen el mismo comportamiento de los utensilios tradicionales, con lo cual se mitigan enormemente los daños producidos a los ecosistemas marinos.
La funcionaria hizo hincapié en aquellos elementos para transportar sopa, los cuales no han podido ser reemplazados completamente porque –según ella– no hay en el momento un empaque que cumpla 100% con esa necesidad. “Como Corporación no podemos exigir su recambio, si a nivel nacional no existe un material que supla este requerimiento”, añadió.
Sin embargo, es optimista que con la entrada en vigor de Ley 2232 de 2022, que regula la utilización de plásticos de un solo uso en todo Colombia (San Andrés fue pionera en esta legislación), cada día se crearán más y mejores opciones de implementos totalmente amigables con el medio ambiente.
