Tras varios intentos fallidos y diversas dificultades presentadas por parte de la aerolínea, la Superintendencia de Sociedades solicitó oficialmente el inicio del proceso de liquidación judicial de Viva Air el pasado 20 de junio. La empresa no cuenta con el capital, la liquidez, los activos, y el personal necesario para su recuperación.
El pasado 30 de mayo la Superintendencia de Sociedades había admitido el proceso de reorganización de Viva Air. Entre los motivos expuestos se destacó la falta de acuerdo con Avianca para su integración, así como las múltiples notificaciones de imposición de medidas cautelares sobre sus activos.
En síntesis, tras un exhaustivo análisis, la Asamblea de Accionistas determinó que no existen activos disponibles para continuar las operaciones. La situación financiera de la empresa está en un estado crítico, debido a la reducción de posibilidades para gestionar los activos como resultado del pago de acreencias.
Además, los arrendadores de aeronaves han cancelado los contratos, exigiendo la devolución inmediata de las mismas. Por si fuera poco, el acuerdo de recuperación ha perdido su efecto debido a la negativa de Avianca de seguir adelante con la integración planificada.
'Liquidación inmediata'
“No existe forma de configurar un nuevo plan de negocios e iniciar operaciones dando cabal cumplimiento a los requerimientos exigidos por la Aeronáutica Civil (…) En consecuencia, el despacho dará por terminado el proceso de reorganización y decretará la apertura del proceso de liquidación judicial inmediata”, expuso la Supersociedades.
La entidad advirtió a los administradores, exadministradores, asociados y controlantes que, a partir de la expedición del auto, están impedidos de realizar operaciones comerciales, excepto aquellas necesarias para la liquidación inmediata del patrimonio. Cualquier acto en contravención a esta disposición será considerado nulo de pleno derecho.
En este contexto, se exige al exrepresentante legal presentar una conciliación entre los saldos del estado inicial de los activos netos en liquidación y los saldos del último estado de situación financiera, preparado bajo la hipótesis de negocio en marcha.
Además, se ha decretado que el exrepresentante legal será responsable de la custodia de los documentos sociales y los activos informados durante la solicitud de liquidación judicial, así como de todos los bienes pertenecientes a la compañía.
Estas responsabilidades continuarán hasta que se realicen las diligencias de embargo y secuestro de bienes, y se entreguen los libros y documentos sociales.
Los acreedores deberán presentar sus reclamaciones al liquidador conforme lo indica la normatividad para que elabore la determinación de acreencias y el inventario valorado de activos que posteriormente serán estudiados por el Juez del concurso.
