La Federación de Pescadores de Providencia hizo un nuevo pronunciamiento relacionado con la restricción de pesca de caracol pala en lo que resta de este año, y motivado por el aplazamiento de una audiencia, programada para este 21 de abril por el Tribunal Administrativo de San Andrés, para hacer seguimiento precisamente a las medidas de protección de la especie.
Vale recordar que mediante Resolución 3151 de 2022, expedida por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), se prohibió la captura y comercialización del recurso en lo que resta de esta vigencia, dado que –según el ente nacional– la cuota fijada para este año (nueve toneladas) ya fue alcanzada.
Este es el contenido de la comunicación:
Providencia isla, 21 de abril 2023
Hoy que se aplazó la audiencia programada para la mañana de hoy, a cargo del juez administrativo Rutder Cantillo Chiquillo, en labor de seguimiento del cumplimiento de las medidas de protección del caracol pala (Strombus-gigas), dictadas en los consecutivos fallos de los años 2007 y 2008 por el juzgado y el tribunal administrativo del departamento respectivamente, continuamos siendo testigos del indignante saqueo del recurso, la vulneración de nuestros derechos tradicionales de pesca, la desidia de algunas autoridades y la complicidad de otras para que reine la impunidad.
Denunciamos que la cuota de 9 toneladas de caracol pala ordenada por el tribunal fue literalmente robada de los pescadores artesanales Raizales por parte de una minoría propietaria de barcos industriales registrados como artesanales con personal foráneo a bordo y cuya mayoría habitan irregularmente en territorio del archipiélago, ante la ineptitud y el silencio cómplice de las autoridades competentes.
Ante el saqueo criminal del recurso pesquero que dejó en cayo Serrana un verdadero cementerio de conchas vacías de caracol denunciamos la irresponsabilidad del gobierno departamental con una sobrepesca de más de 30 toneladas desde la expedición de la resolución 2565 del 8 de marzo del año en curso.
Destacamos igualmente la urgencia de realizar un monitoreo por parte de la corporación ambiental Coralina y la AUNAP para establecer las dimensiones del daño causado por unos dirigentes irresponsables en su afán de satisfacer las aspiraciones de los corruptos en las campañas electorales para la Gobernación del departamento y la alcaldía de Providencia, en una carrera mezquina de tráfico de influencias, ferias burocráticas y nóminas paralelas que están afectando sensiblemente nuestros recursos pesqueros, el medio ambiente y la seguridad alimentaria de nuestro pueblo.
Exigimos que los organismos de control tomen medidas concretas de protección de nuestros derechos humanos que están siendo permanentemente vulnerados y que implementen medidas de vigilancia y sanción a los partidos y actores de las campañas políticas que están utilizando sendos gobiernos departamental y municipal para favorecer actividades como la pesca ilegal que año tras año han ido agravando nuestras crisis estructurales.
Convocamos a la comunidad y a todos los auténticos pescadores artesanales del departamento a formar en primera línea por nuestros derechos.
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Firman el comunicado Edgar Jay, representante de la I-Fish Association; Santiago Taylor, de la cooperativa Fish and Farm; Harvey Howard, Pesproislas; e Israel Livingston, de Asopesbot.
