El año que acaba de finalizar, los Raizales aparecieron por primera vez ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para reclamar reconocimiento y vigencia de su presencia por más de cuatrocientos años en el Caribe sur occidental, su hábitat, su ‘maritorio’, su espacio extendido en un área elevada a la categoría de Reserva Mundial de la Biosfera, Seaflower, por cuenta de la Unesco.
Su presencia trascendió, en un momento coyuntural, por la necesidad de visibilizar su existencia en este espacio territorial en disputa por los derechos soberanos entre Colombia y Nicaragua. Y ese propósito se logró en buena parte al dirigirse a los miembros del mencionado tribunal el pasado 22 de septiembre.
Los habitantes de las islas de San Andrés, Old Providence y Santa Catalina constituyeron desde antes de la formación de Estados en este continente, un pueblo o nación kriol (Creole) que fue parte de la colonización española en esta región, del cual se independizaron en 1.806.
Luego se vincularon a la recién constituida República de la Gran Colombia mediante actos relevantes acontecidos en la isla de Old Providence el 23 de junio de 1.822 y el calendario nos avisa que en este año 2.022 se cumplen 200 años de esta ‘travesía’; en otras palabras, estamos próximos al Bicentenario de este acontecimiento.
Este evento histórico viene rodeado de un muy particular ‘silencio’ sobre temas en los que se ha avanzado –como el Estatuto Raizal– en momentos en que urge definir las relaciones fundamentales de Colombia con el Pueblo Raizal para su preservación cultural, la protección de su hábitat y la institucionalidad territorial a desarrollarse plenamente a la luz de los convenios internacionales de protección de los pueblos indígenas y tribales adoptados por la ley 21 de 1991, que incorpora a la constitucionalidad colombiana el convenio 169 de la OIT y demás acuerdos internacionales.
Los pescadores de las islas están en primera línea defendiendo los derechos tradicionales de los habitantes del archipiélago con el uso histórico de los mares que los rodea desde mucho antes de la sentencia de La Haya del 19 de noviembre de 2.012 que le otorga a Nicaragua derechos sobre una Zona Económica Exclusiva que antes era de Colombia, pero que siempre ha conformado el territorio ancestral del Pueblo Raizal.
Este Bicentenario tampoco debe ser ignorado en su efeméride. Es, sin duda, ocasión importante para que los aspirantes al Congreso de la Nación y a la Presidencia de la República definan su interés e incluyan en sus propuestas asuntos que los comprometan con el destino del Archipiélago, región insular de ultramar amenazada por varios aspectos, entre los que la sobrecarga poblacional y la inviabilidad ambiental ya son causa de múltiples consecuencias negativas y, claro está, insustentables.
