Los derechos ancestrales de los pescadores isleños étnicos y la histórica presentación de argumentos por un raizal fueron sin duda lo más destacado y relevante en la presentación de Colombia en las audiencias orales en La Haya que finalizaron el viernes.
Aunque esto nos obliga a llevar encima una carga de responsabilidades y obligaciones, también nos ofrece una oportunidad histórica y única para asegurar el mejoramiento de las islas y la causa étnica e influenciar al gobierno nacional a asumir obligaciones más verdaderas y duraderas con las dos.
Es lo mínimo que debemos esperar. A un precio, porque asumimos responsabilidad en la defensa, lo raizal ‘salvó’ la presentación de Colombia, pero aún existe el peligro no sólo de quedarnos sin aguas sino también sin algo de mejora en lo étnico y en el desarrollo local.
El pasado llama al pesimismo y es imposible pronosticar cuánto durará la actitud pro-isleña y pro-raizal y cuándo va el gobierno nacional a emparejar su grandilocuente retórica expuesta en La Haya con sus acciones a favor de las islas y los isleños.
Poner a los isleños como eje central nos indica que se admiten errores del pasado en la estrategia y se llenan serios vacíos en los argumentos legales. Antes era como si no existiéramos. Defendieron islas, cayos y aguas, pero no la gente cuya presencia histórica e interacción económica ha contribuido a la soberanía colombiana, algo que, según los expertos, pudo haber asegurado uso económico de las aguas perdidas.
Esto precisamente es lo que se discute ahora en La Haya y es lo que aspira conseguir Colombia para aliviar las dificultades del fallo del 2012. Con eso es posible pasar la página y cambiar el desacato por la negociación. Porque aun cuando las aguas son legalmente nicaragüenses, siguen siendo nuestro espacio étnico-histórico-cultural porque lo étnico no tiene fronteras.
Por eso, paradójicamente, la necesidad de atender temas comunes facilitaría el mayor acercamiento de los isleños raizales con los hermanos raizales de Nicaragua y esto a su vez podría llevar a espacios de cooperación e intercambio que podrían favorecer a las islas y a todos los isleños.
Para esto, debemos asumir un papel importante en la preparación en lo que sigue. Todas las direcciones apuntan a la negociación y, basado en lo que dijo Colombia esta semana, los derechos ancestrales y presentes raizales deben ser la base y esencia de la misma y de todo lo que vendría luego.
Derechos étnicos no solo en las aguas sino también en las islas
Sin embargo, aún más importante que esa participación es que esos derechos étnicos derivados de la presencia histórica étnica sobre el territorio marítimo del que habla Colombia, se respeten también en las islas.
La intensidad por conveniencia de la retórica pro-raizal, que tuvo que ser arrastrada de Colombia por presiones nuestras y por la astucia de Nicaragua, nos obliga a preocuparnos por la incierta y ambivalente posición del gobierno nacional en relación a lo étnico local.
No sería genuino, como lo insinuó Nicaragua esta semana en La Haya, exigirle a ese país que respete derechos ancestrales de raizales colombianos en sus aguas cuando Colombia no siempre respeta esos mismos derechos en Chapman Point en San Andrés, en Old Town en Providencia o en Fort Warwick y François en Santa Catalina.
Porque de telón de fondo tenemos la violación a derechos humanos étnicos y los persistentes ciclos de abandono e indiferencia estatal.
La participación raizal en La Haya quedará en la memoria de los isleños porque marca un giro radical por el enfoque del diferendo hacia las islas mismas para proyectarlo como algo más de interés y solución regional que nacional. Esto también obliga a todos los isleños a asumir un papel más decisivo en el diferendo, en su solución y en el establecimiento de una nueva normalidad para manejar la nueva realidad.
Para ello debemos tomar nota del pasado. Colombia siempre pasa por ciclos de atención y desinterés en relación a las islas y en Caribe. En ese contexto, La Haya después de 2012 fue un incentivo para lograr el mejoramiento de la local con los miles de millones del Plan Archipiélago, aunque también fue un imán para la corrupción y la ineptitud burocrática que ha eliminado todo mejora en los diferentes frentes como agua, Internet, empleo, educación y cultura. Y si poco se logró, ¿qué nos espera después de La Haya?
El mencionado Plan –manejado a sus anchas desde Bogotá– es ya un recuerdo borroso y distante de la cual nadie habla porque su impacto no fue ni duradero ni profundo. Perdimos las aguas y la prometida mejora local nunca llegó. Nos quedamos sin el pan y sin el vino, pero con una tremenda decepción porque la situación social, económica y ambiental se agrava cada día más.
Dos garantías de éxito
Sin embargo, hay dos cosas que están a nuestro favor que podrían asegurar de que de La Haya salgan unas mejores islas y una mejor vida para los isleños. En primer lugar, las ventajas de la normalización de las cosas y el acercamiento a Nicaragua y el Caribe y con ello el aprovechamiento de muchas oportunidades migratorias, económicas, sociales, étnicas y culturales.
Y en segundo lugar la garantía del enfoque en lo local a través de la participación mayor de isleños en la creación de espacios y mecanismos para cimentar no sólo una paz bilateral sino también sentar bases y asegurar un mejor desarrollo socioeconómico, lo cual debería ser garantía de que se tendrán los intereses de las islas y de todos los isleños como eje central en toda acción.
Aunque muy bienvenido, todo lo anterior tiene también serios riesgos. El principal reside en que una vez se acabe todo lo de La Haya, el gobierno central les preste menos atención a las islas. Como pasó con el Plan Archipiélago que se fue sin pena ni gloria y no ha sido reemplazo con nada, como se había prometido.
Estamos obligados a asumir responsabilidades en relación al diferendo porque estamos ahora involucrados y nuestra participación aliviará la carga de responsabilidad de Colombia, pero algo nos deben reconocer por esto. Como mínimo un mejor desarrollo y un respeto reivindicativo a de la condición étnica.