Para mediados del siglo pasado las políticas económicas proteccionistas imperaban en nuestros países que gravando con impuestos altos la entrada de productos importados pretendían favorecer las industrias nacionales.
Colombia no fue la excepción y a consecuencia de ello fueron muy conocidos varios sitios de introducción de contrabando por puertos, por algunos accidentes geográficos marítimos y en zonas de nuestras fronteras terrestres.
Cuando establecieron el puerto libre en el archipiélago, esta se transformó en una excepción a la regla en cuanto a la introducción o importación de mercancías comparada con el resto del país.
Su propósito al activar esta modalidad económica fue conectarnos al resto del país, convirtiéndonos en la tienda favorita de Colombia para adquirir elementos modernos a bajos precios, sin necesidad de visa, y de paso para conocer el mar, el más bello mar Caribe colombiano.
A finales de los 80´s el gobierno central se comprometió internacionalmente en una reducción gradual de aranceles a las importaciones en una globalización imperante e introdujo la política de la Apertura Económica.
Obviamente esto comenzó a beneficiar a la población en general de colombianos que empezaron a recibir más y mejores ofertas de mercancías importadas en sus pueblos y ciudades, sobre todo en electrodomésticos, y poco a poco fueron desapareciendo las ventajas de las tiendas del puerto libre exclusivo de San Andrés.
Por ello, en 1991 como medida de choque se eliminó el impuesto del 15% que se pagaban en el aeropuerto a la salida por las compras de mercancías facturadas, sin que ello nos devolviera totalmente la competitividad en precios comparados a hoy día.
La disminución de los ingresos departamentales frente a los de la intendencia especial, en este aspecto, es solo una percepción en cuanto a lo legal, ya que subsiste el régimen de puerto libre más todas las normas que en lo financiero, fiscal, tributario y económicas en general, teníamos en la categoría territorial anterior.
Fue solo la desventurada coincidencia de la iniciación del régimen departamental, con las reducciones en los ingresos al territorio, por otros motivos, lo que llevó a la aparición de ingentes malestares públicos y políticos.
Algunos plantearon en aquella época que los gobernadores de las antes denominadas intendencias y comisarias lo fueran por decreto del presidente de la república, sin embargo no tuvo eco en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.
Kent Francis James
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla