A raizales y locales les preocupa la publicación de un decreto que agiliza los requisitos de ingreso para los contratistas que lleguen a las islas como parte de la reconstrucción. Mininterior dice que la medida busca atender más rápido la calamidad pública. (El Espectador).
Faltan exactamente diez días para que se cumpla la fecha límite que se puso el Gobierno para edificar y reparar 1.266 viviendas como parte de la reconstrucción del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se trata solo de una pequeña cifra que forma parte del ambicioso plan para recuperar las islas después de que, a mediados de noviembre de 2020, el huracán Iota arrasara con gran parte estas. Como muchas de las intervenciones del Gobierno, es una solución que se ha enfocado en generar infraestructura y que, para lograrlo, necesita gente y mano de obra que llegue a las islas.
Sin embargo, algunos raizales no ven con buenos ojos que se empiece a dar una migración indiscriminada de trabajadores con la excusa de recuperar el archipiélago. Los esfuerzos que se han dado para generar un plan ambiental de rescate –como la Expedición Cangrejo Negro, la siembra de mangle y el manejo de residuos sólidos– se estarían tirando por la borda si, en un territorio tan pequeño y con recursos limitados, no se hace un control adecuado de las personas que entran. Un escenario que, creen, se podría dar gracias a un decreto que fue emitido por el Ministerio del Interior y que, entre otras cosas, disminuye el control de ingreso al archipiélago de los funcionarios, contratistas y subcontratistas del Estado que sean requeridos para recuperar las islas.
Para entender mejor de dónde viene la preocupación, Rafael Archbold, abogado de San Andrés, cuenta una breve historia. En 1902, por mandato del Gobierno, se le dio permiso a la Armada Nacional de embarcar, sin ningún costo, a familias que vivieran en la Colombia continental y que fueran superiores a cinco miembros para que vivieran en territorio isleño. “Fue un primer hito histórico que explica la génesis de la sobrepoblación en las islas y que buscaba, por así decirlo, ‘colombianizarlas’ más”.
La densidad poblacional del territorio isleño, desde entonces, comenzó a crecer. Tanto así, que para 2018 se estimó que solo en San Andrés había 2.000 habitantes por kilómetro cuadrado. “Los recursos de las islas no soportaron estas dimensiones y, por dar un ejemplo, las aguas del subsuelo del centro de San Andrés ya están contaminadas como consecuencia”, recuerda Archbold. Buscando un escudo, y pegados a la Constituyente del 91, él y otros abogados lograron que se creara un decreto legislativo que impusiera medidas para controlar la densidad poblacional del archipiélago.
Uno de los puntos claves que plantea el documento es que la Oficina de Control, Circulación y Residencia (conocida como Occre), haga un seguimiento juicioso de las personas que llegan a las islas para trabajar. “Si usted necesitaba 40 albañiles para un trabajo en el archipiélago, primero debía preguntarle al Sena si esa mano de obra existía en el territorio. Si le respondían que no, podía traerla y presentar toda la documentación de esas personas ante la Occre para que les hiciera seguimiento”. Es decir, se sabía en dónde estaban las personas, en qué estaban trabajando y cuándo debían salir de las islas. Pero el Decreto 243 de 2021, firmado el 8 de marzo de este año con el fin de facilitar el ingreso de funcionarios para recuperar el archipiélago, cambiaría este panorama.
Según explicó el Ministerio del Interior a El Espectador, el nuevo decreto busca regular el ingreso de los funcionarios, contratistas y subcontratistas del Estado que sean requeridos para ejecutar el Plan de Acción Específico de recuperación en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. “A ese personal no le son aplicables algunos de los requisitos previstos en el Decreto 2762 de 1991, relacionados con los trámites de residencia temporal y de contratación de trabajadores no residentes”, señala.
Archbold, por ejemplo, teme que está condición no garantice que las personas que entren a las islas se vayan a sus ciudades cuando terminen los trabajos. “No estamos diciendo que no necesitemos personal de apoyo, pero esto no debe implicar que no se haga el control de las personas que llegan a las islas”, explica.
Para Camila Rivera González, autora del libro Providencia, hay un riesgo con la entrada de mucha gente a las islas, “se habla de unas famosas mil personas”, pues después será imposible hacer un control claro. “Dicen que la Unidad de Gestión del Riesgo solo tendría que hacer un reporte, a partir de un listado, pero no sabemos dos cosas. Primera, si se hará un estudio para asegurar que las personas que ya viven en las islas tienen la capacidad de hacer ese trabajo, y puedan ser contratadas. Y, segunda, están anulando todos los procedimientos que se aseguraron desde 1991”.
Ante esto, el Ministerio afirmó que efectivamente sí “se facultó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para elaborar el listado de ingreso y control del personal que atenderá exclusivamente las situaciones de desastre o calamidad pública”. Sin embargo, dicen que el nuevo decreto no estaría excluyendo a raizales y personas locales de ser contratados. “Al determinar cuál es el personal necesario e idóneo para adelantar las labores a su cargo, primeramente, se estudiará si los residentes en el departamento archipiélago pueden cumplir con esas actividades. De encontrar que es necesaria mano de obra no disponible en el departamento, permitirán el ingreso de personal no residente”
Aunque el decreto fue publicado en los canales del Ministerio dos veces, para recibir observaciones públicas, en los locales permanece el sinsabor de que la reconstrucción se está haciendo sin tener en cuenta sus criterios. “Quienes publicaron este documento no tienen ni idea de la lucha que implicó generar un control de población. Es una decisión caprichosa”, dice Archbold, quien además se pregunta si esa medida, efectivamente, acelerará el proceso de reconstrucción de manera sostenible.
Sus palabras recuerdan el final de un texto que escribió Rivera a principios de este año. “Pero tres meses han pasado y el pueblo raizal y los demás residentes de Providencia y Santa Catalina resisten. Se enraízan en lo profundo de su tierra. Como debe ser. No van a esperar el pescado, saldrán a pescar. Porque así son ellos, como buenos isleños han aprendido a todo, a construir casas y botes, a sembrar, a pescar, a hacerse la vida en medio del mar. Son héroes y heroínas. Y aquí estamos, al lado suyo. Porque tres meses no son nada en comparación con los cientos de años que llevan defendiendo lo que es suyo y haciendo de su ‘roca’ la sublime belleza de un milagro”.
