Un cumpleaños que pasó desapercibido fue el de la OCCRE porque la entidad hoy día pasa desapercibida. Muchos nos hemos preguntado para qué ha servido y cuál es su futuro porque se ha desviado de su función principal de controlar la población del archipiélago que en estos 29 años en San Andrés aumentó más del 100%.
Este aumento ayudó a atender la necesidad de trabajadores del boom económico de los últimos años y a crear una sociedad isleña más multicultural y diversa, aunque más compleja y con más problemas que no han sido adecuadamente observados.
Pero la OCCRE cumple sólo una de las funciones para las cuales fue creada. Regula, pero no limita la residencia en el departamento, aunque las cosas podrían ser peor si no existiera la institución.
En muchas épocas, solo se utilizó como expendio de permisos de residencia y ha servido para legitimar un incremento poblacional sin claros y válidos objetivos económicos y sociales que en últimas ha favorecido políticas de ‘soberanía nacional’ que históricamente se han nutrido de flujos migratorios.
No ha cumplido lo que dicta su intención constitucional de ser un instrumento para la preservación del pueblo étnico raizal ni con su función institucional de ser un mecanismo para asegurar un desarrollo local más sostenible y equilibrado a través del manejo de las necesidades poblacionales isleñas con un control racional acorde a la capacidad de carga ecológica, social y de servicios públicos de las islas.
Sus deficiencias no son culpa per se. Ni la gobernación ni el gobierno nacional le dieron la importancia que se merece y su actuación burocrática tenía que ir acompañada de políticas gubernamentales que nunca se dieron, como programas de reubicación en el continente y mejora de prestación de servicios públicos para mitigar el efecto poblacional sobre el espacio insular.
La OCCRE ha sido fuente de divisiones a lo largo de líneas étnicas. Ha estado en la mitad de una puja entre dos fuerzas que compiten en un juego estratégico de poder en las islas: la creolización o el alejamiento de lo raizal y los intentos de mayor raizalidad donde el aumento o el control poblacional se favorecen de un lado u otro. La institución es vista con aprecio por un lado y con preocupación por el otro.
Autonomía a un precio
Fue creada tras insistencia por años de la comunidad raizal como mecanismo para frenar el aumento poblacional que estaba erosionando su mayoría numérica, pero ha servido más para consolidar una supuesta ‘soberanía nacional’ a través del incremento poblacional que ha eliminado esa mayoría.
No sorprende entonces que la inmigración, que ha generado un choque o perturbación cultural, en últimas sea una fuente de fricciones entre el Estado colombiano y la comunidad raizal y en menor medida entre esta última y la comunidad no raizal.
El Estatuto Raizal fue un diálogo concebido para acercar posiciones que se vienen distanciando desde hace unos 120 años pero que se volvieron más distantes en los 60s y 70s hasta el punto de haber germinado la idea separatista en más de uno.
El más reciente ciclo de significativo distanciamiento surgió después del fallo de La Haya de 2012. Pero ese diálogo nunca fue fructífero y no incluyó a los residentes no raizales que, nos guste o no, hacen parte de la ecuación social, política y cultural isleña y por lo tanto, parte integrante de toda solución.
El Pueblo Raizal acusa al gobierno nacional de haber torpedearlo sus aspiraciones con no hacer avanzar el Estatuto, pero la posición estatal es la de no proceder con uno que erosione intereses nacionales y de las otras comunidades residentes.
La OCCRE misma es un resultado del proceso de diálogo y precisamente su relativamente limitado poder y efectividad muestran los límites de hasta dónde el Gobierno Nacional acepta ir para atender las aspiraciones raizales sin erosionar el poder estatal y la de la comunidad isleña inmigrante que ha ayudado al país a consolidar soberanía.
Aun así, la OCCRE hasta ahora es la máxima herramienta institucional de autonomía administrativa de las islas y es lo único hasta ahora desarrollado en virtud del muy favorable artículo 310 de la Constitución.
Aunque el uso de esta potestad constitucional terminó haciendo exactamente lo contrario a darnos más autonomía: nos entregó más bien mayor interconexión nacional, transculturalización y asimilación cultural y, en consecuencia, una mayor dependencia política y económica del país a través del aumento poblacional.
Por eso en parte el gobierno nacional no está preocupado por las voces raizales y no raizales en aumento que critican al gobierno nacional y presionan para mejorar la etnia raizal y las condiciones isleñas. Porque ese descontento no se refleja en un proyecto político o algo sistemático y amenazante, sino en un conjunto de reacciones, contradicciones e ideas aisladas sostenidos más por una hostilidad hacia la inmigración misma, la corrupción local y la indiferencia nacional frente a los problemas locales, junto a un optimismo vago de que la autonomía o la libertad nos traería una mejor vida.
Hacia una estrategia pragmática por las islas
La OCCRE debe enfocar su atención hacia los objetivos para los cuales fue creada y adicionalmente respetar los principios de transparencia y publicidad en sus actuaciones.
El gobierno nacional también debería cumplir con lo prometido y lo ordenado en el artículo 310 de reducir la densidad poblacional para garantizar todos los derechos propios de la comunidad étnica raizal y de la comunidad isleña en general.
También nosotros debemos enfocar nuestros esfuerzos en atender los conflictos culturales ocasionados por el aumento poblacional que, ya que afectan la convivencia y es fuente de tensiones y divisiones sociales a lo largo de líneas étnicas, impone presiones a la cohesión social que, a pesar de divisiones, mayoritariamente ha unido a la sociedad isleña desde el Puerto Libre en 1953.
Así las cosas, debemos adoptar una optimización y pragmatismo estratégico para construir juntos un ‘capital cultural y político’ de presión que a su vez haga posible el nacimiento de un nuevo sentido de pertenencia común a las islas con unos objetivos esenciales, también en común.