Durante el oportuno encuentro ‘Justicia Abierta: multicultural, participativa y transparente’, adelantado por el Consejo de Estado el viernes pasado en San Andrés, se oyeron, entre otras, dos intervenciones sustanciales que llamaron la atención por su contenido, por el rango de quienes las pronunciaron y, ante todo, por el modo enérgico que lo hicieron.
Estamos hablando del gobernador (e) Juan Francisco Herrera Leal, y el presidente del Tribunal Contencioso Administrativo de las islas, José María Mow Herrera. Dos altos dignatarios del Departamento Archipiélago, que más allá de circunstancias recientes* –si se quiere adversas– coincidieron en valorar a la sobrepoblación como el núcleo principal de los males en San Andrés.
El primero dijo, sin rodeos, que la palabra 'sobrepoblación' no se ha querido reconocer en el país y además explicó, refiriéndose al Censo DANE: “quiero hacer claridad porque que a veces no se lee bien: no es que en San Andrés hayan 49 mil personas como se ha dicho; lo que hay son 49 mil potenciales votantes para las próximas elecciones que es un dato por demás sobresaliente”.
Por otra parte, el magistrado recordó que desde la Constitución de 1991, se consagró un régimen especial para las islas con la creación del artículo 310 en la Carta Magna con dos objetivos principales: proteger la identidad cultural de las comunidades nativas y preservar el ambiente y los recursos naturales del archipiélago.
“Este artículo especial que nos diferencia del resto de los departamentos, se expidió porque el panorama que se reflejaba desde esa época –que puede leerse en los informes y exposición de motivos de la reforma constitucional–, ya vislumbraban problemáticas de sobrepoblación y crecimiento urbano desordenado con el subsecuente proceso de tugurización y destrucción del equilibrio ecológico”, enfatizó Mow Herrera.
Estos apartes, por demás elocuentes, no hacen más que poner de relieve las condiciones de miles de habitantes de San Andrés que subsisten en cordones de viviendas subnormales y en otros barrios que tampoco gozan de los servicios básicos indispensables. Sectores que, por lo visto, nunca visitan los emisarios del gobierno nacional, ni mucho menos los turistas. Salvo muy contadas excepciones.
Caldo de cultivo ‘ideal’ para una delincuencia emergente que castiga a todos por igual: habitantes y visitantes de la isla. Matando, de paso y poco a poco, a la cada vez más arrinconada ‘gallinita de los huevos de Oro’.
(*) En días pasados el Tribunal Contencioso Administrativo sancionó por desacato (en la acción popular por el tema de salud pública) al gobernador Herrera Leal.