La constitución nacional de 1991 reconoce la existencia de un grupo humano, de una etnia propia en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina e introduce la palabra raizal para distinguirla.
Antes, mucho tiempo atrás, la constitución política colombiana de 1863 también distinguió a los habitantes del archipiélago como grupo autóctono, y en cumplimiento de sus preceptos el presidente Santos Gutiérrez ordenó por primera vez la traducción al idioma inglés de la carta y de otras normas fundamentales para la mejor comprensión de sus pobladores.
En 1886 las cosas cambiaron en perjuicio de muchos denominados minorías y calificadas de incivilizadas, y se conviene con la iglesia católica toda suerte de tareas para, por supuesto, integrarnos al país. Las islas nuestras sufrieron por mucho tiempo el desconocimiento de sus diferencias étnicas, culturales, lingüísticas, religiosas y modo de vida.
Con la constitución vigente, que cumple apenas 20 años de su promulgación, la multi-culturalidad y diversa etnicidad que caracteriza a nuestra nación por la presencia ancestral en su territorio de una variedad de razas humanas es materia principal que se antepone a la pretendida raza nacional del periodo anterior.
Hay entonces una comunidad raizal que requiere de la protección del Estado para ejercicio de sus derechos fundamentales en su espacio natural que es este archipiélago Caribe colombiano para lo cual es trascendente desarrollar las normas de la constitución vigente para evitar la desaparición, el etnocidio.
Las normas legales no son lo único necesario, pero son básicas para direccionar las acciones institucionales a favor de la preservación de los raizales.
De qué otra manera podemos integrarnos sino sentimos ser parte de la república, en derechos y deberes, en donde las diferencias sean lo más valioso del patrimonio nacional y la individualización de todos los grupos componentes nos hagan visibles y considerados en forma permanente.
Es hora del estatuto raizal.
Por Kent Francis James
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