La académica experta en política internacional y columnista de El Tiempo, Socorro Ramírez Vargas, publicó hoy un interesante artículo sobre el tema de la exploración de hidrocarburos en aguas del Departamento Archipiélago. Por considerarlo de palpitante interés para la región, la reproducimos a continuación (Tomado de El Tiempo.com).
La casi totalidad de tratados de delimitación marítima en el Caribe que Colombia ha firmado con ocho países -cuatro centroamericanos (Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Honduras) y tres islas (Jamaica, Haití y República Dominicana)- contempla una amplia gama de asuntos que se deben abordar mediante la cooperación transfronteriza: la seguridad, la conservación ambiental, la pesca, la investigación científica y la explotación de recursos compartidos.
Con la visita del presidente Santos a Jamaica, el 19 de diciembre del 2010, se revisó la cooperación que se desarrolla con la isla y se acordó profundizarla en el plano energético. Ya en noviembre del 2008 los dos gobiernos habían hablado sobre una posible exploración conjunta en el área de más de 15.000 kilómetros cuadrados sometida a régimen común desde el tratado de delimitación, firmado en 1993. Y la Ronda Colombia 2010 ha definido bloques de exploración en el archipiélago. Todo ello ha generado no pocas preocupaciones en las islas.
La primera inquietud proviene de quienes han tenido allí sus áreas tradicionales de pesca y temen los efectos de la sísmica, la perforación y el derrame de petróleo. Hay malestar, además, porque podría estarse repitiendo la historia vivida tras la declaratoria del puerto libre en 1953, o con su finalización abrupta luego de la apertura en los noventa, que no tomaron en consideración lo que les ocurriría a los isleños con esas opciones económicas.
Ahora, el archipiélago podría quedar enganchado a la locomotora energética, sin haber sopesado sus consecuencias ni considerado su articulación con un proyecto de desarrollo que transforme la crítica situación insular.
Otra preocupación se refiere a la compatibilidad entre la exploración/explotación petrolera y los compromisos que Colombia asumió, desde el año 2000, cuando logró que la Unesco reconociera buena parte del archipiélago como la reserva de la biosfera Seaflower con áreas marinas, costeras e insulares protegidas. Hay un enorme temor por los daños, entre otros, a ecosistemas coralinos, que son el sustento tanto de la vida como de los bienes y servicios ambientales que le ayudan al archipiélago a sobrevivir y adaptarse al cambio climático. En Providencia saben muy bien cómo su barrera arrecifal fue esencial en el 2005 para enfrentar el embate del huracán 'Beta'.
Coralina, como autoridad ambiental, y la Fundación Providence, con firmas de respaldo, le han pedido al presidente Santos que escuche a los isleños y detenga la exploración para evitar un error irreversible que aumente la vulnerabilidad de un archipiélago oceánico tan pequeño.
Para oír a los isleños no es suficiente el taller realizado en San Andrés en noviembre del 2008, ni la publicación en la página web de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, del 5 de enero al 5 de febrero del 2011, del proyecto de parámetros para la realización de los programas en beneficio de las comunidades en las áreas de influencia de los contratos petroleros. La tarea tampoco puede quedar en manos de cada una de las empresas que, luego de ganar los bloques de exploración, deben consultar a las comunidades. El ejercicio podría terminar beneficiando a los más poderosos.
Es el Estado el que tiene la responsabilidad de concertar con la población e involucrarla en la amplia gama de asuntos contemplados en los acuerdos de delimitación para la cooperación entre vecinos caribeños. Pero, para ello, es también indispensable que los isleños se muestren capaces de llegar a acuerdos entre sí y con el Gobierno Nacional sobre lo que más conviene al archipiélago.
