‘Cuando el río suena piedras trae’, reza el viejo adagio, y este refrán –tan sabio como popular– viene de anillo al dedo a la situación presentada por estos días cuando, en una vigorosa movilización, reconocidos activistas de la llamada ‘Resistencia Raizal’ encaminaron sus pasos, primero hacia la sede de Coralina y luego al Coral Palace, para exigir con determinación la no privatización de los cayos del Sur-Este, conocidos como Bolívar.
Parece que los citados líderes poseían, y poseen, la información de que un grupo de poderosos empresarios de primer orden tiene entre sus planes el objetivo de desarrollar una operación turística de alto ‘vuelo’ en estos paraísos soñados del Archipiélago; hasta hace pocos lustros, visitado ocasionalmente por pescadores artesanales y un puñado de aventureros, un poco más osados del común denominador del turista promedio conocido por estos lares.
Sin embargo, en los últimos años se desató una creciente operación de excursiones desordenadas que a todas luces no obedecen a un plan mínimo de manejo sostenible. De esta forma, el paraíso comenzó a parecerse cada vez más al modelo de Jhonnie Cay o el Hoyo Soplador, por mencionar sólo dos íconos del modelo extractivista de los recursos naturales y renovables de la isla. En otras palabras, turismo masivo y depredador.
Y justamente fue por estos evidentes motivos que se acompañó con simpatía solidaria la medida ordenada por el actual Gobierno Departamental en el sentido de ‘cerrar’ Cayo Bolívar, prohibir su explotación turística y ordenar a Coralina la elaboración de un estudio de capacidad de carga que determinara cifras y proyecciones para un manejo sostenible del destino. Y a pesar de algún previsible ‘pataleo’, la acción se llevó a cabo. Y se respetó.
Por eso también, llama poderosamente la atención que desde esferas cercanas al Coral Place se fantasee con una explotación privada y exclusiva de esas joyas naturales que Dios nos puso al frente. Es que se necesita de una comprensión muy profunda del territorio para maximizar utilidades sin que se comprometa la estabilidad a largo plazo de un ecosistema tan delicado, parte vital de una de las reservas de biósfera más grandes y hermosas del mundo.
Ninguno de los dos extremos es sustentable ni aceptable. Por eso la autoridad ambiental emitió un concepto sobre su uso adecuado, proponiendo un manejo compartido únicamente con la comunidad de pescadores artesanales. Y por eso, también, el gobernador Ronald Housni Jaller hizo lo correcto y anunció que no habría autorizaciones, ni permisos de ningún tipo en los cayos mencionados. En buena hora.
En otras palabras, lo que ha venido sucediendo por más de 400 años, desde que los primeros pobladores de estas islas desembarcaron del ‘Seaflower’ en 1629 y desarrollaron un modelo de vida pacífico y laborioso, amigable con el medio ambiente y respetuoso de los designios de Dios. Ejerciendo, eso sí, genuina soberanía y en armonía con sus vecinos. Y, sobre todo, lejos de ciertas concesiones que golpearan sus derechos adquiridos a través de los siglos.
