El alcance de la investigación disciplinaria que suspendió por tres meses al gobernador Ronald Housni, por presuntas irregularidades en la celebración de contratos para la operación del Hospital, también cobija al exsecretario de Salud, Adolfo Lambis; a la exgobernadora Aury Guerrero, y al actual secretario de Salud, Heyder Avendaño, entre otros, informó la Procuraduría General de la Nación (PGN).

El Procurador, Fernando Carrillo Flórez, cuestionó la operación de la IPS Universitaria, contratada para gestionar el hospital, por su deficiente servicio, falta de especialistas, escasez de insumos,  medicamentos y de personal para la atención, dice alrespecto un boletín oficial de entidad.

“Estamos hablando de la vulneración de los derechos a la salud en un territorio tan estratégico y tan fundamental para la defensa de nuestra soberanía”, enfatizó el procurador.

El Ministerio Púúblico reprochó que el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no cuente con un plan para la adecuada gestión de la red pública para la prestación de los servicios de salud. Actualmente opera un convenio con la IPS Universitaria que tiene una vigencia de cuatro años. 

Insistencia

La Procuraduría cuestionó, así mismo, que pese a que el gobernador Housni Jaller conocía la deficiente prestación de los servicios de salud celebró nuevamente un convenio con la IPS Universitaria (1134 de 2017), sin tomar las medidas para superar el caos institucional.

“Un servicio público que se entregó a operadores privados sin controles de ninguna naturaleza, ejercimos nuestra función preventiva, prendimos las luces rojas, le pusimos la lupa y se volvió entregar el servicio público de la salud a otro operador privado como si no existieran las advertencias de la PGN”, dijo Carrillo Flórez

Entre las denuncias que investiga la Procuraduría figuran la presunta existencia de carteles para manejar los servicios que requieren los usuarios de la salud en San Andrés.

“La existencia de carteles dentro del hospital como el 'cartel del oxígeno', de los insumos médicos, de tantas cosas que suponen contrataciones pequeñas, donde siempre se da un mismo patrón: y es entregarle a los mismos y a los que prestan deficientemente esos servicios".

Origen

El proceso tiene origen en una visita especial realizada por la Procuraduría Delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo, que encontró que la IPS Universitaria no presta los servicios en condiciones de calidad, oportunidad y suficiencia tanto en los servicios ambulatorios como hospitalarios, y carece de auditoría para mejorar la atención de la población de la isla, pese a los recursos que invierte la administración.

Entre los hallazgos que llevaron a la suspensión del gobernador se encuentran el convenio interadministrativo firmado con la IPS Universitaria, cuya selección no habría respetado lineamientos de la Ley 80 sobre contratación; la omisión de la inspección, vigilancia y control a las servicios que ofertó la IPS, la falta de una interventoría efectiva, la presencia de medicamentos vencidos, equipos médicos en malas condiciones y obsoletos.

Así mismo, se encontró incumplimiento en el manejo de los residuos hospitalarios (anatomopatológicos), acumulados a la intemperie en canecas plásticas, sin ningún tipo de seguridad, lo que representa un alto riesgo para la población y los trabajadores del Clarence.

"Con la suspensión del gobernador se busca evitar que este interfiera en el trámite de la investigación o que continúe cometiendo o reiterando la falta", concluye la información divulgada por PGN.