El Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) del Departamento, procedió a resolver la solicitud de medida cautelar interpuesta por Josefina Huffington Archbold, líder cívica de Providencia y Santa Catalina, con el objeto de proteger los derechos colectivos a la Salud de la comunidad étnica raizal del municipio, ordenando al gobierno local y al administrador actual, abastecer con todo lo necesario al Hospital Municipal para la prestación integral del servicio.

El auto fue proferido el 6 de diciembre por el magistrado José Mow Herrera.

La petición se fundamenta en el hecho que, si bien la prestación de los servicios de Salud están a cargo del Estado, actualmente el hospital de Providencia “no cuenta con los implementos mínimos para atender ningún tipo de emergencia (ni siquiera hay tensiómetro); que la farmacia no tiene un stock de medicamentos que pueda garantizar la entrega oportuna a los usuarios; que la infraestructura hospitalaria está deteriorada; y que los informes de auditoría realizados a los procesos del régimen subsidiado de salud arrojaron durante el 2017, varios hallazgos de importancia, todo lo cual expone a la población raizal e insular a un riesgo inminente”.

Lo anterior fue evidenciado en visita a dicho centro hospitalario, realizada por la Alcaldía, la veeduría ciudadana y el secretario de salud departamental, quedando reflejados los hallazgos en el ‘comunicado a la opinión pública’, rendido por el Alcalde Bernardo Bent Williams, al término de la inspección.

Con lo anteriormente expuesto, el TCA resolvió:

Primero: niéguese la medida cautelar, consistente en "que se traslade la responsabilidad de administración y prestación de los servicios de salud de los habitantes de la Isla de Providencia y Santa Catalina, a la Superintendencia de Salud Nacional a través de un proceso de intervención forzosa Administrativa (...)", de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: decrétese como medida cautelar a cargo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través del Gobernador, del Municipio de Providencia, a través del Alcalde y de la UT Island Health y/o del actual prestador del servicio de salud, el abastecimiento del Hospital Municipal de Providencia y Santa Catalina, islas, con los insumos, personal médico, medicamentos y equipos técnicos que sean necesarios para la prestación integral del servicio de salud, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia. La anterior orden deberá ejecutarse en el término de la distancia.

Tercero: decrétese como medida cautelar a cargo de la Superintendencia de Salud, que de manera inmediata ejerza sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre los intervinientes en la prestación del servicio de salud en la isla de Providencia.

Cuarto: compúlsense copias a la Procuraduría General de la Nación para que investigue dentro de sus competencias la presunta omisión de la Superintendencia de Salud, en relación con sus funciones de inspección, vigilancia y control, respecto de la prestación del Servicio de Salud en el Municipio de Providencia y Santa Catalina, pese a tener conocimiento de la situación.