El director de la Oficina de Control de Circulación y Residencia (Occre), Joseph Barrera Kelly (foto), llamó la atención de las autoridades locales, ante una serie de hechos que se están presentando con el arribo de más personas desplazadas que están llegando a residir en el archipiélago con el beneplácito del Gobierno Nacional.

El funcionario señaló que ya hay unas 80 familias en esta condición residiendo legalmente en las islas y se requiere mecanismos urgentes para frenar esta situación..

Barrera Kelly, dijo que los desplazados una vez aquí, solicitan el ingreso de sus hijos, hermanos, tíos y primos, lo cual esta está generando un problema serio en San Andrés.

"Algunos han entregado declaraciones a los diferentes medios de comunicaciones, señalando que se les están vulnerando sus derechos y garantías fundamentales, lo cual no es cierto", expresó el director de la oficina de control migratorio.

La norma no faculta al director a resolver la situación u otorgar tarjeta a estas personas en condición de desplazados que por el conflicto armado que se presenta en el país van llegando a San Andrés.

“Estos ciudadanos no van a permanecer todo el tiempo en nuestro territorio. Una vez el Estado les garantice que pueden regresar a sus lugares de origen y vivir dignamente, deben retornar”, explicó Barrera Kelly.

Lo cierto es que buena parte de estas personas están desplazando a los nativos raizales y a los continentales legalmente residenciados en el Departamento Archipiélago, por cuanto llegan a ocupar cargos y puestos de trabajo que pudieran ser desempeñados  por los habitantes de las islas.

El director de la Occre, recientemente reelegido en el cargo, exhortó a la gobernadora Aury Guerrero Bowie a buscar diálogos con sus similares de la Costa Atlántica y mecanismos a través del Ministerio del Interior y la Presidencia de la República, para que estas personas dejen de desplazarse  al archipiélago,

“Deben buscar cualquier otro región del territorio nacional, evitando profundizar más nuestro  problema de sobrepoblación”, subrayó el funcionario.

Hoy el territorio isleño vive la incertidumbre generada el pasado 19 de noviembre del 2012 con el fallo de La Haya y la reducción de la seguridad alimentaria.

“Lamentamos la condición humanitaria de estas personas desplazadas y es por ello que llamamos la atención del Gobierno Nacional, porque aquí no podemos seguir acogiéndolos por todos los problemas antes mencionados”, concluyó el funcionario.