Aplazan conciliación por predio, en medio de fuertes denuncias

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Tras una álgida audiencia por el caso del predio de Carpinter Yard-contiguo a la Occre en disputa entre la Policía Nacional y miembros del Pueblo Raizal, este jueves la inspectora de policía de San Andrés, Nashua Erazo Lever, decidió posponer la etapa de conciliación hasta el 13 de agosto a fin de estudiar los argumentos presentados y los documentos que reposan en el expediente. Raizales denuncian presuntas irregularidades.

Adicionalmente, para que el apoderado de la Policía aporte el respectivo poder que lo autoriza para proseguir con la fase conciliatoria.

La audiencia abierta de este 8 de agosto, corresponde a una querella instaurada por la Policía Nacional para la restitución del lote que, según esa institución, corresponde a un bien ‘fiscal’ (y no ‘público’) de su propiedad, como consta en el certificado de tradición anexado como prueba, según lo manifestó el apoderado de institución, el intendente Fabián Hernández Figueroa.

A la cita asistieron adicionalmente, los abogados Orma Newball Wilson y Rafael Archbold Joseph, apoderados de los querellados, miembros representantes del Pueblo Raizal: Corine Duffis Steele, Ofelia Livingston de Barker, Yvonne Parra y Carlos Pussey Bryan; además del representante de la Defensoría de la Pueblo, Benet McNish y la procuradora regional del Departamento, Karina Causil Archbold.

Primera queja

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A propósito de esta última, se quejó abiertamente porque se enteró “accidentalmente” de esta transcendental audiencia; por lo que pidió ser más eficientes a la hora de realizar las notificaciones.

Al inicio de la audiencia el abogado Archbold Joseph quiso interponer un recurso de nulidad –según sus palabras– por las irregularidades que se han presentado a lo largo de estos 15 meses de toma pacífica y la violación al debido proceso, tratando de concluirlo “a como dé lugar”. Denunció igualmente, irregularidades en la forma como fue notificado para la cita de este jueves.

“Titularidad no significa dominio”

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Por su parte, la apoderada Newball Wilson fue enfática en señalar este predio es un bien de uso público originado por la acción de un relleno artificial, y que a la fecha no se ha acreditado el supuesto dominio que indica la acción policiva.

“Este lote es producto de un dragado realizado hacia 1969 por la empresa Van Suramericana; además, el hecho de que la Policía tenga un documento de matrícula, no le da per se dominio sobre el mismo”, añadió la abogada.

Tanto ella como el abogado Archbold Joseph solicitaron a la inspectora la oportunidad de solicitar y adjuntar al expediente, pruebas cartográficas del Instituto Agustín Codazzi y otros documentos expedidos por la oficina de Instrumentos Públicos, para demostrar si la franja en disputa es una parte original de la isla o si nació producto de un relleno en el mar, tal y como explicó en su momento el líder raizal Walt Hayes Bryan, quien fue llamado a la audiencia como testigo de la defensa.

En cuanto a la solicitud de pruebas, la inspectora Erazo Lever negó la posibilidad de aportar dichas pruebas “por no creerlas conducentes ni pertinentes para el proceso policivo”.

Inspectora de Policía ¿Juez y parte?

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La intransigencia y en ocasiones, la falta de dominio sobre la audiencia citada por la propia inspectora –a juicio de los asistentes– generó protestas airadas de los nativos raizales quienes no entienden cómo una dependencia de la misma Policía Nacional, puede estar a cargo de resolver la querella.

“Con el debido respeto, es evidente que su despacho está siendo forzado; se nota en el ambiente que se quiere dar término a la diligencia a como dé lugar pero no se sienta presionada, aquí nadie está dilatando ni está manipulando las circunstancias de este proceso como lo ha manifestado en varias ocasiones el apoderado de la Policía. Estamos actuando en derecho”, le dijo el abogado Archbold Joseph.

Por otra parte, el representante de la Autoridad Raizal y testigo en este proceso dio: “Al parecer ante la ley colombiana no hay ningún inconveniente que la inspectora, siendo subalterna de la institución policial esté conduciendo este proceso. Esto es ilegitimo porque está actuando como juez y parte. Por eso seguimos insistiendo que esto debe estar en manos de un juzgado administrativo para que se defina la situación”, expresó posteriormente Hayes Bryan.

Conciliación

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Las etapas de exposición de argumentos y de revisión de material probatorio continuaron, pese al ambiente caldeado de la audiencia; suplidas estas fases, la inspectora procedió a iniciar la de conciliación; sugiriéndole a la Policía que evaluara la posibilidad de entregarle a la comunidad Raizal una parte del predio.

Nuevamente las partes, querellante y querellados, manifestaron cada uno sus posiciones radicales de restitución total del bien.

En medio de esta fase conciliatoria, la defensa detectó que no existía un acta o documento válido que facultara al abogado de la Policía para participar de esta etapa, incluso, para actuar en calidad de apoderado de la misma. “Su participación en esta audiencia carece de la legitimidad y de facultades; esta maniobra de traer un documento sin firma ni huella, sin haber sido presentado ante un notario, no es correcta”, puntualizó Archbold Joseph.

Por tanto, la inspectora Erazo Lever, decidió posponer la etapa de conciliación hasta el próximo 13 de agosto –en sus propias palabras– para estudiar los argumentos presentados por las partes así como los documentos aportados al expediente; adicionalmente, para que la Policía resuelva el tema del apoderado en los términos que la ley colombiana lo exige.


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Última actualización ( Sábado, 10 de Agosto de 2019 09:12 )