Sunrise Park: ¿final feliz...?

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Desde el fallo de acción popular que obligó en 2015 al gobierno de Aury Guerrero Bowiea remodelar el Sunrise Park, la Gobernación Departamental está legalmente obligada a reabrir las puertas de este espacio público, tan soñado por los isleños. Sin embargo, a pesar de la operación provisional desde marzo de este año, hay más dudas que certezas: los costos de operación son sorprendentes, y las fórmulas para su sostenibilidad, contradictorias.

Cuando el Sunrise Park reabrió sus puertas de forma provisional, por primera vez jóvenes de diferentes colegios pudieron ver lo que contiene el predio que para esta generación, ha estado siempre cerrado.

Ellos son los únicos que han experimentado hasta ahora los atractivos del parque, después de su millonaria remodelación. Su ingreso se hizo con grupos de hasta 80 estudiantes de niveles superiores de secundaria, salvaguardados por personal de la Defensa Civil, en cooperación con lassecretarías de Turismo, de Educación, y también del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

La expectativa ha crecido en redes sociales. EL ISLEÑO ha hecho seguimiento al caso a través de varias reflexiones sobre el destino del parque, e incluso hubo reclamos de parte de voceros raizales, señalando que sus niños no habían sido llamados a gozar del espacio público, que aparentaba estar abierto nuevamente.

La fase muerta

La emoción es comprensible. Tras varios períodos de crisis institucionales y económicas que atravesó San Andrés, el parque fue dejado finalmente en abandono. Desde su inauguración, el Sunrise había sido operado directamente por la Gobernación; pero la quiebra del Departamento en el 2001 y la Ley 550 obligaron a una estricta austeridad, que derivó en la privación del ejercicio de un derecho colectivo a los habitantes de la isla.

Esta vulneración de derechos llamó la atención del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Escuela de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, de Bogotá. Entre los archivos del grupo, el caso del Sunrise Park se conoció como el Caso Piscina Verde, por el recubrimiento de lama de la única piscina olímpica que hay en San Andrés, convertida en un riesgo para la salud pública.

El GAP recabó pruebas y reunió voces de la ciudadanía para interponer una acción popular que obligara a la reapertura del parque, un proceso que acabó con una sentencia favorable en primera instancia, sin pacto de cumplimiento. El Tribunal de San Andrés obligó a la Gobernación Departamental a la readecuación del parque y a su reapertura, con el fallo de junio de 2015.

Durante el gobierno de Guerrero Bowie, se hizo una licitación por selección abreviada de menor cuantía, un proceso rápido debido a la urgencia del caso. En varias ocasiones la licitación se declaró desierta, y finalmente fueron destinados tres mil millones de pesos al ‘Consorcio Parques de San Andrés’, el único proponente para la remodelación. Pero tres años después, el parque aún no está listo para su apertura definitiva. Una visita revela las condiciones en las que fue entregado por el contratista.

De vuelta al parque

El adoquinado nuevo y los jardines con flores vistosas reciben al visitante. A la izquierda se ve la casa de madera de la taquilla y oficinas, todavía fiel al diseño original, y una piscina olímpica, la única en la isla. Al frente está la versión actual de la memorable piscina para niños, y a la derecha está la atracción principal, un tobogán que conduce, luego de una gran caída, a una piscina pequeña y cerrada, con forma de platillo.

El día de mi visita, la famosa piscina verde, estaba en pleno mantenimiento, un carro tanque la llenaba nuevamente, y varios obreros trabajaban haciendo adecuaciones en el frente.

Para acceder a la atracción principal, el tobogán que hemos visto en las fotos de redes sociales, hay que subir por una escalera metálica que aún no está señalizada. Tampoco había agarraderas antideslizantes en las barandas. Una mirada juiciosa sobre los juegos, también metálicos, de la piscina para niños pequeños, muestra tornillos sin recubrimientos plásticos y salientes cortantes que pueden representar un riesgo para la seguridad de los usuarios.

La Secretaría de Deportes –encargada del asunto– aprovechó la apertura de una licitación para construir parques en algunos barrios vulnerables y contrató el nuevo parque seco para el Sunrise, el cual ya se encuentra instalado al sur del predio.

El costo de la adecuación el parque sigue creciendo. Pero todo el proceso carga con una ruidosa inquietud: ¿puede el parque operar algún día como lo hizo durante sus diez primeros años de brillo? En diálogo con el secretario de Deportes, Kayan Howard Sánchez, quedó claro que para que el parque sea viable, hay que cambiar su espíritu por completo.

¿Callejón sin salida?

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El costo de funcionamiento mensual del Sunrise Park supera los 80 millones de pesos, aclara el secretario. Mantener tres piscinas no es fácil, menos en San Andrés, donde solamente hay una empresa en el ramo, sin la certificación requerida por los pliegos licitatorios.

Incluso durante los últimos años, aunque haya estado cerrada al público, la piscina principal ha presentado problemas con los filtros y el aspirado. Cada dos meses debe hacérsele un mantenimiento general de 47 millones de pesos. Pero no es solamente la preservación, sino también el costo de la nómina, la electricidad, y los demás gastos en que tendría que incurrir el Departamento para echar a andar el parque.

El costo de funcionamiento superaría entonces, por mucho, los mil millones de pesos anuales. En teoría, el parque debería ser auto-sostenible, es decir que con la entrada que paguen los usuarios deberían cubrirse los costos fijos, pero esto está lejos de ser la realidad del Sunrise, mucho menos considerando que su espíritu inicial era destinar su uso a la población residente.

Como el parque no funcionaría bajo este modelo, sus costos deberían ser incluidos cada año en el presupuesto departamental para que pudiera ser operado por la Gobernación, como lo fue antes, y se garantizaría así el derecho colectivo al uso del espacio público y la recreación. ¿Será concesionado el parque, o el gobierno subsidiará su funcionamiento?

Howard Sánchez, especialista en gerencia del deporte y la recreación, aclara que hay un único proponente interesado en la concesión, que se haría por 30 años, y tiene una visión muy diferente del parque, cuyos estudios de mercado muestran que el valor de ingreso ascendería a los 40 mil pesos (o más) por persona, para que efectivamente pudiera solventarse el costo fijo, y además conseguir alguna utilidad.

¿Un Sunrise Park para turistas?

Parece haber, según el jefe de la cartera, una alternativa viable en la comercialización del parque dentro de algunos paquetes ‘todo incluido’. Él no es –comenta–, amigo de estos planes, pero sin destinar el parque también al turismo, el futuro de este espacio en el que ya se han invertido sumas millonarias, no parece aclararse.

En el nuevo Sunrise Park, en la visión del concesionario, habría más atracciones que correrían por cuenta del nuevo operador, en una inversión que ascendería a los cuatro millones de dólares. Habría restaurantes y otros espacios para completar la oferta del parque, incluso –mencionó el secretario–, podría haber un McDonald’s o alguna otra franquicia puertas adentro.

La visión del nuevo Sunrise incluiría estereotipos clásicos del Caribe, como el del pirata Morgan, y algunos espectáculos. Los usuarios pagarían un pasaporte, y este incluiría el ingreso a todas las atracciones, o solamente a algunas de ellas por un valor menor. No obstante, la Secretaría de Deporte pidió al proponente un estudio de mercado en el cual se determinara una tarifa diferencial para la población residente.

Pero la capacidad de carga del parque no es ilimitada, de hecho es un espacio pequeño. ¿Cómo podría controlarse que hubiera cupos asignados diariamente a la población residente? ¿El operador estaría interesado en garantizar el uso de este espacio a los isleños? ¿Qué alternativas hay? ¿Podría abrirse el parque algunos días únicamente para residentes?

El valor de la acción popular

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“Yo no tengo la última decisión, yo soy el encargado del proceso y el intermediario entre el interesado y la gobernación”, aclaró Howard Sánchez. La Cooperativa de Trabajadores de la Gobernación podría operar el parque en vez de que fuera entregado a un privado, pero la idoneidad de esta opción no es la mejor, dado que para garantizar la continuidad de la apertura, y que el parque no se convierta en otro ‘elefante blanco’, debe ser confiado a la experiencia.

Como consecuencia de célebres fallos de Acción Popular, por ejemplo, en San Andrés han sido prohibidos los vertidos de aguas residuales en Morris Landing, suspendidos los permisos de construcción desde 1994, y más recientemente se prohibieron los ‘picós’ en todo el territorio de la Reserva de Biosfera Seaflower.

El Caso Piscina Verde representa un triunfo porque restableció el derecho al medio ambiente sano: efectivamente, la piscina del Sunrise Park ya no está cubierta de lama, y no es un foco de infecciones.

“Nuestra intención como Clínica Jurídica nace de la preocupación como colombianos en colaborar en la defensa de la Reserva Mundial de la Biósfera, (…) nuestros casos siempre tienen un enfoque ambiental, o de protección de riesgos”, dice María Lucía Torres, abogada de la Escuela de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

Sin embargo, para la garantía del derecho al uso del espacio público –otra fase muy distinta del caso– hay millones de pesos de diferencia. Para ello, la remodelación del Sunrise Park debió haber sido más flexible con las limitaciones de mantenimiento y operación de un parque acuático en una isla oceánica como San Andrés.

Así, el proyecto habría podido convertirse en un espacio para la verdadera recreación, y no para el entretenimiento superficial, a través de atracciones acuáticas que redundan en un entorno insular. Resulta paradójico que la intención constructiva de restablecer un derecho, derive en que toda posible sostenibilidad económica acabe, por falta de visión desde la administración pública, en el campo de lo turístico y lo masivo.

Ahora los tres mil millones ya están invertidos, de manera que poco se consigue con lamentarse. Sin embargo, la Gobernación Departamental debería considerar este lugar, que luce ‘negado’ financieramente como espacio de convivencia,  para ser compensado con otro que sí garantice el uso del espacio público.

Por eso, el destino del Sunrise Park, sea cual sea, debería incluir un componente tradicional que supere la figura de los piratas –cuyo papel en la historia de lo que hoy es el Archipiélago, es importante pero no principal– y que garantice, al menos, la difusión turística de una imagen cultural integral de las islas.