El director de la Oficina de Control de Circulación y Residencia (Occre), Joseph Barrera Kelly, se pronunció frente al sonado tema de los desplazados y del reciente fallo de tutela que privilegió a una de estas víctimas residente en la isla. “No teníamos conocimiento de dicho proceso pero la decisión ya fue impugnada”, dijo el también abogado sanandresano.

El fallo al que se hace alusión, fue proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés y hace referencia a que el demandante (una víctima del conflicto interno colombiano) según dicha decisión podrá trabajar y circular libremente en el territorio insular.

Además, Barrera Kelly le dijo a EL ISLEÑO, refiriéndose puntualmente a una columna de opinión publicada en este medio el día 5 de noviembre pasado, que la Occre no tenía conocimiento del proceso ni del planteamiento del accionante, “tal y como se pudo constatar en los sistemas de la Gobernación, donde se comprueba que nunca fuimos notificados de la tutela;  por eso no podíamos haber hecho ningún pronunciamiento, porque lo desconocíamos”.

“En lo que nos compete –añadió Barrera Kelly– deberíamos haber podido dar nuestro punto de vista, de oposición, frente a los argumentos de la tutela; pero repito, lo desconocíamos. Nos enteramos durante el ‘Encuentro Regional por la Reconciliación’ promovido por el Senado de la República y el periódico El Tiempo, cuando el moderador anunció ese importante y controversial fallo”.

“Recibí la noticia con asombro. Si bien es cierto que las víctimas del conflicto armado tienen derechos frente a la ley, nosotros tenemos normas especiales y preceptos constitucionales que nos cobijan también como pueblo étnico y están siendo violados históricamente. Además, no los podemos recibir por la evidente problemática de sobrepoblación y carencia de servicios básicos que afronta el departamento que hacen que no estén dadas las condiciones para tener desplazados en el archipiélago”, puntualizó el director.

Barrera Kelly aprovechó también para anunciar que dicho fallo fue impugnado ante el Consejo de Estado, “por considerar varias violaciones al debido proceso en lo que corresponde a la oficina de la Occre, ya que se nos impidió el derecho de defensa y de contradicción, porque repito, no fuimos notificados del caso”.