Nada justifica que las islas de San Andrés y Providencia, merecedoras –por su condición– del mejor desempeño de sus instituciones, sean presas permanentes de la desidia y hasta el abandono de los responsables de mantenerlas como debe ser (Editorial de-El Tiempo, 27/06/2018).

Basta ver el hospital Clarence Lynd Newball, el más grande de la región, para confirmar que la atención en salud de los habitantes del archipiélago naufraga, a juzgar por los precarios indicadores que mantiene, no obstante las advertencias y los compromisos fallidos de mejora de sus directivas cada vez que se ventila el asunto.

Falta de profesionales e insumos básicos, represamientos de procedimientos y cirugías –que ponen en riesgo a centenares de enfermos–, fallas en la estructura física, incumplimiento en compromisos laborales e inadecuadas condiciones ambientales son siempre los hallazgos de los organismos de control.

Ya es hora de buscar correcciones definitivas para estos graves problemas que atentan contra el bienestar del departamento insular, y de poner en cintura a los responsables de promoverlos y mantenerlos.

La sanción que la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) acaba de imponer al ente territorial y a la IPS Universitaria (U. de Antioquia) –operadora del hospital– por estas y otras irregularidades apunta en el sentido correcto, por encima de las excusas que empiezan a esgrimirse para rebatirla.

Si bien es claro que este territorio merece un modelo de atención que responda con pertinencia a sus características insulares, no hay derecho a que su inexistencia sea la disculpa de las frágiles administraciones que asumen la tarea en medio de promesas que parecen hacerse para manejar unos recursos, pero terminan dejando a la población a la deriva.

Las denuncias de la Procuraduría General de la Nación, sumadas a las de la SNS sobre el Lynd Newball, no pueden echarse en saco roto. El derecho a una salud digna para los sanandresanos –garantizado por un modelo de atención propio– no da más espera.