Injusticias contra los isleños (II): “Aló, aló…¿fiscalía?”

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RAFAEL.ARCHBOLD

Los atropellos contra los isleños parecen no tener fin, al punto que, sin hacer el duelo por la pérdida de los 75 mil kilómetros de mar territorial por cuenta del fallo de la Corte Internacional de Justicia, por insólito que parezca ahora la Fiscalía General de la Nación, parece empeñada en despojarnos también de sus oficinas en las islas y así, dejarnos en manos del delito.


Por asombroso que se presente es la desalentadora conclusión a la que podríamos llegar los isleños, pues, ¿cómo se explica que después de siete años de promulgada la ley 906 de 2004, que adoptó el Sistema de Oralidad Penal en Colombia, que buscaba imprimirle como principio “celeridad” a los tramites ante esa entidad; esa celeridad parece no haber desembarcado aun en el Departamento Archipiélago, que, al parecer por tener menos de sesenta mil habitantes –según el Dane– no lo haga merecedor del compromiso y respeto institucional que tiene la Fiscalía para con cualquier otro departamento?

En teoría, con la entrada en vigencia de la oralidad penal terminaría la morosidad en los trámites ante la Fiscalía de San Andrés y, la “celeridad” en las investigaciones se convertiría en la regla general y no la excepción para el ejercicio de una justicia pronta y eficaz. Pues bien, nos quedamos en la teoría porque nada de eso ha ocurrido en las islas, a no ser que haya investigaciones con persona sorprendidas en flagrancia, es decir, ‘con las manos en la masa’ y demorarse en esas circunstancia sería el colmo de los males.

Entre los motivos para tan desalentador panorama podemos citar: Falta de personal, falta de Fiscal ante el Tribunal Superior, inadecuada infraestructura física, falta de equipos de trabajo, falta de personal técnico y peritos en el CTI para adelantar las investigaciones, inestabilidad funcional, castigadora y alocada rotación e interinidad de fiscales y personal de apoyo en vacaciones, que no son reemplazados ocasionado acumulación y atraso en el trabajo, falta de liderazgo administrativo, entre muchas otras situaciones que convierten a los pocos funcionarios locales en héroes silenciosos sin ningún reconocimiento.

Los isleños no podemos continuar siendo la cenicienta de los devaneos administrativos de la Seccional de la Fiscalía General de Cartagena –que en verdad no es reconocida entre las más eficientes del país–; eso afecta la tranquilidad ciudadana en el archipiélago, genera denegación de justicia, crea congestión judicial, incrementa la morosidad, propicia impunidad y trámites interminables favoreciendo en la sociedad falta de credibilidad en la justicia y en su estructura judicial, incrementado las fisuras en la integridad y la soberanía del estado.

El señor Fiscal General debe apersonarse de la situación administrativa y misional de su entidad en el archipiélago, implantando condiciones de administración eficiente mediante la creación de la Dirección Seccional del Departamento Archipiélago, designando fiscales de descongestión que le permita a la entidad aproximarse al cumplimiento de las tareas constitucionales asignadas en procura de un mejor servicio.

También el Gobierno y la Asamblea Departamental, los presidentes de los Tribunales Superior y Administrativos, de los gremios en general como representantes de la sociedad, y todas las autoridades asistentes al Consejo de Seguridad, deben expresarle al señor Fiscal General de la Nación, los motivos de las preocupaciones y los ruidos cada vez mayores respecto de situaciones anormales ocurridas al interior de una entidad que, por absurdo que parezca, desde el mes de diciembre hasta el teléfono tiene cortado.

Es el momento de enderezar el rumbo de la Fiscalía en el archipiélago y hacer coincidir ese propósito con los del gobierno nacional y departamental que, ha expresado su voluntad de estructurar el Plan San Andrés, que en palabras del señor Presidente de la República pretende “hacer posible el rediseño del futuro del Archipiélago”, rediseño que sin justicia oportuna y educación de calidad no será posible.