Más injusticias contra los isleños

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RAFAEL.ARCHBOLDLos atropellos contra los Isleños parecen no tener fin, al punto que sin elaborar completamente el duelo por la pérdida de los 75 mil kilómetros de mar territorial por cuenta de la sinrazón de la Corte Internacional de Justicia, se suceden una serie de hechos por lo menos insólitos.

Por asombroso que parezca, en la sesión del día 10 de enero de 2013 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura –por fortuna– fue derrotada una propuesta que pretendía suprimir, es decir, quitarnos también, una plaza de Magistrado del Tribunal Superior de San Andrés y dejarnos con un tribunal eunuco, que tras tener tres magistrados desde su creación, quedaría con dos magistrados nada más.

Propuestas (francotiradoras) como esas demuestra que los enemigos de las Islas pululan, están al asecho y, siempre dispuestos a hacer el mayor daño posible.


Pretender, de un plumazo desconocer la lucha histórica para tener nuestros propios tribunales –Superior y Administrativo– en procura de una pronta administración de justicia, además, de ponerle fin a la insana dependencia de los de Bolívar; es desproporcionado, por decirlo de manera sencilla.


Afortunadamente esa colectiva y justa reclamación de justicia, encontró el clima propicio en la Constitución de 1991, y en el acompañamiento decidido de tantos –Gobierno Nacional, Presidentes de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura– por lo que, la propuesta de marras solo puede calificarse de mezquina para con los derecho de los isleños, e insultante de la sabiduría de la corporación a la que se le pidió apoyar semejante saña.  


La sorpresiva estratagema de supresión de una plaza de magistrado del Tribunal Superior del archipiélago llega cuando el pueblo raizal, su colegio y su Colectivo de Abogados Litigantes, entre otros sectores de la comunidad, reclaman disciplinadamente la estructuración de un aparato judicial idóneo –Consejo Seccional de la Judicatura, juzgados especializados (para terminar con la morosidad estructural de los promiscuos), Juzgado Civil del Circuito para el Municipio de Providencia y Santa Catalina,  personal en los despachos, salas de audiencias, independencia administrativa de Cartagena–.  


Un aparato judicial que garantice una justicia especializada, eficaz y oportuna para una región con las características del archipiélago y para unos colombianos que, se resisten a ser considerados ciudadanos de tercera, a los que, en sentir de algunos, se les puede despojar lo que han conseguido.


También es muy sospechoso que la ingrata proposición sea presentada cuando la Corte Suprema de Justicia, se dispone a elegir magistrado que ocupe la plaza vacante en el Tribunal de San Andrés y paradójico que se intente afectar al distrito judicial, cuyo Juzgado Laboral del Circuito, fue designado como el Juzgado piloto para la puesta en marcha de la oralidad laboral en el país ¡Qué extraña coincidencia!


Sería conveniente que el Consejo Superior de la Judicatura,  siendo consistente con las actuales circunstancias que aquejan al pueblo raizal y a los isleños en general, dispusiera sesionar en las islas, para escuchar y recibir de manera directa, no solo, el inventario de dificultades y reclamaciones que tenemos, sino también, el reconocimiento por los aciertos.


Una propuesta concreta es la estructuración del aparato judicial idóneo para el Departamento Archipiélago, aquel que dentro del marco de la Constitución Política, garantice todos los niveles de jurisdicción, administrativa y judicial posibles, al interior del territorio como resultado de la comprensión positiva del significado de la posición geoestratégica del archipiélago y de las implicaciones de este para mantener la integridad y la soberanía del Estado.


Así, como una vez, el Consejo Superior de la Judicatura, tuvo la confianza para habilitar en San Andrés, el Juzgado Piloto en Oralidad laboral, con resultados satisfactorios y alto valor compartido;  ahora, la tenga para todo lo relacionado con la infraestructura requerida para la implementación y puesta en funcionamiento del Nuevo Código General del Proceso, encargo prioritario del Consejo Superior de la Judicatura.


P.D. Con todo respeto. Por favor, no traigan al autor de la propuesta de supresión de una plaza de magistrado del Tribunal Superior a la sesión en San Andrés.

Última actualización ( Sábado, 26 de Enero de 2013 08:29 )