Educación y servicios públicos

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En medio de la crisis “post fallo” de La Haya quisiera que, de una vez por todas, la prioridad o gran parte de los compromisos realizados por el gobierno nacional para con los isleños estuviesen claramente orientados a dar la batalla para consolidar al archipiélago como el territorio más educado y preparado en servicios públicos del país.

La batalla por la educación y los servicios públicos, debe asumirse como urgente y prioritaria por la sociedad civil isleña, sus gremios y gobiernos departamental y municipal; definir hacia dónde se deben direccionar los recursos que se inviertan en este propósito –formación docente, infraestructura, creación de modelos propios de educación de acuerdo a nuestro contexto insular, financiar la política de lenguas, compra de recursos tecnológicos– y en qué niveles de la educación –preescolar, básica, media en educación superior y en esta última en pregrado y en posgrados– queremos que se inviertan estos recursos.

Así lo entendieron los antioqueños que quieren ser reconocidos como los más educados del país; los servicios públicos, las industrias y todo lo demás, ya lo tienen.

Lamentablemente, en los anuncios realizados hasta ahora, en el denominado Plan San Andrés, poco de eso se ha visto y, por el contrario, crece el inconformismo y la incertidumbre ante las promesas y acciones descoordinadas, implementadas por el gobierno nacional, una vez conocido el fallo de la Corte Internacional de Justicia.

Preocupa aun mas que los anuncios realizados son recibidos como simples placebos suministrados por esa especie de médico loco en que se ha convertido la Presidencia de la República; empeñada en mantener apaciguados a los insulares; en especial, a los que, creen que esta es una buena oportunidad para partir cobijas definitivamente con el Estado colombiano.

Lo  que  está sucediendo con el  archipiélago, deja claramente establecido que en esto de las reparaciones, Colombia es un país inmaduro, carente de verdaderas políticas públicas de desagravios; de allí, los exiguos resultados y el escaso valor compartido que dejan las acciones hasta ahora adoptadas. Creer –presumo de buena fe- que regalar tabletas electrónicas a niños de escuelas públicas, sin acceso a internet es la solución a la pésima calidad de la educación que se imparte en el archipiélago, es sencillamente insultante y desconocer que allí radica nuestra principal debilidad.

El gobierno nacional, no se da cuenta que lo perdido en mar territorial, equivale a perder ciudades enteras como Medellín, Cartagena, Tunja, Barranquilla; pero, que, los problemas por resolver, para los isleños, ocurre en menos de 27 kilómetros de territorio emergido y la población objetivo que debe reparar no llega a las cien mil, es decir, menos de las que hay en unas cuantas manzanas de barrios como Kennedy, en Bogotá; o Manrique en Medellín.

Entonces, una apuesta concreta es permitirle a la isla los recursos para implementar una política contundente en educación superior que posibilite entre otros aspectos subsanar la brecha generacional de docentes que en consecuencia sería un aporte significativo a la calidad en la educación media.

Por otro lado financiar la formación de alto nivel -maestrías, doctorados- para que tengamos un capital social preparado para generar las alternativas de desarrollo que hoy estamos requiriendo en la coyuntura que todos conocemos.

Consolidar una política en educación superior que  cumpla el deseo generalizado de contar con nuestra propia universidad; propósito, que no riñe con que se sigan financiando los procesos en instituciones como el Infotep, o que, se continúe y fortalezca la inversión en investigación y formación a la Universidad Nacional, las islas en educación se merecen esas y más opciones, por que el abandono estatal en este aspecto ha sido histórico e infame.

Finalmente, advertir y alertar a la comunidad, que la salida no puede ser promover -como lo intuí en la pasada visita de la Ministra de Educación- la llegada de las universidades del continente a que capten los recursos que supuestamente nos están destinando.

Está comprobado que invertir en comunidades sin educación, es simple bonanza y caldo de cultivo para la corrupción y el despilfarro, y de esas, nada bueno queda.