No tiene nada de quimérico que Colombia pueda conseguir que la Corte Internacional de Justicia, CIJ, revise su fallo del pasado 19 de noviembre. Como tampoco lo es que pueda lograr un mejor resultado que el actual. Sin embargo, es improbable que algo así ocurra en el corto o el mediano plazo.

La razón principal es que no se puede esperar que los mismos magistrados que votaron en favor de Nicaragua cambien su postura. Tal vez existan mejores posibilidades de algún éxito con otros togados, pero eso está lejos de suceder porque varios de ellos no han cumplido siquiera la mitad de sus periodos.

De todas maneras, para volver a la CIJ Colombia tendrá que llenarse de requisitos sólidos si en realidad está dispuesta a emprender una batalla jurídica de esta naturaleza que más bien se parece a las patadas de un ahogado. Y esta vez deberá cuidarse de no marginar al pueblo raizal de las islas, ni a los colombianos en general, de las estrategias y decisiones que determine adoptar en tal caso. Sólo un verdadero cambio de actitud en esta materia dará al gobierno nacional una mejor opción.

Pero mientras eso pasa, si es que pasa, Colombia tiene la obligación de adoptar medidas concretas que impidan la debacle del sector de la pesca artesanal en el archipiélago. Por lo tanto, es imperativo que defina lo más pronto posible con las autoridades de Nicaragua la normativa que permita la continuidad de las actividades de los pescadores isleños en las áreas donde lo venían haciendo tradicionalmente. Lo cual no debe costar mucho trabajo si el presidente Ortega está dispuesto a ello, tal como lo manifestó en su discurso de celebración del fallo de La Haya.

De otro lado, Colombia tendrá que darle un vuelco total a su concepción centralista del Estado y el gobierno ya que no atiende el mandato de nuestra Constitución Política de 1991 en cuanto a la definición pluralista, pluriétnica, y pluricultural del país, ni recoge la aspiración de las regiones de contar con una autonomía administrativa y de planificación que les permita alcanzar a su manera el progreso social hasta ahora negado por Bogotá.

Sucesos como el fallo de La Haya que desmembró al archipiélago de San Andrés y Providencia, profundizan la desconfianza que existe en los colombianos de las fronteras hacia el gobierno central, la cual se encarga de reforzar año tras año mediante el incumplimiento iterativo de sus obligaciones naturales (Por ejemplo: Vargas Lleras como ministro del interior prometió a los isleños hace casi dos años que el Estatuto Raizal saldría en 3 meses, a raíz de las protestas contra la explotación petrolera), y deteriora aún más la mal llamada unidad de la nación que nunca ha sido entendida por la capital como debe ser.

Las regiones del país no tienen por qué ser un alfil sin libre albedrío. Sus designios de autonomía y originalidad no pueden seguir siendo coartados con las malintencionadas versiones que hacen circular desde Bogotá cada vez que se habla de regionalización para hacer ver esta clase de aspiración como simple y llano separatismo. Ni quieren seguir siendo la cenicienta del presupuesto nacional y la inversión social.

Se le está haciendo tarde a nuestra dirigencia política y económica enquistada en la altura de los Andes, aceptar que sus protocolos de nación que han venido aplicando, por la fuerza en muchas ocasiones, se están volviendo obsoletos y no subsistirán al embate de la voluntad popular cuando alcance el hastío que provocan la arrogancia, la insensatez y la intolerancia.

COLETILLA: “Tu verdad aumentará en la medida que sepas escuchar la verdad de los otros”
Martin Luther King.